Las aspiraciones de Javier Duarte de Ochoa de abandonar el Reclusorio Norte antes de tiempo se toparon con un muro judicial este 19 de noviembre. Una jueza federal determinó que el exgobernador de Veracruz no cumple con los requisitos necesarios para obtener el beneficio de la libertad anticipada, ordenando que permanezca en prisión y difiriendo la resolución final para el próximo viernes 21 de noviembre.
Tras una maratónica audiencia de casi doce horas, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un desfile de testigos y alegatos de clausura, la jueza Ángela Zamorano Herrera decidió mantener en suspenso el destino del político veracruzano, quien purga una condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero.
«Un circo de la Fiscalía»: La defensa de Duarte Visiblemente molesto, Duarte tomó la palabra durante la audiencia para arremeter contra la FGR, acusando a la institución de faltarle al respeto y de montar un «circo». El exmandatario, detenido en Guatemala en 2017, insistió en su inocencia respecto al desfalco financiero:
«A mí nadie me ha acusado, ni mucho menos condenado, por haber desviado un solo centavo del erario público… la reparación del daño es de cero pesos», alegó, argumentando que su encarcelamiento obedece a cuestiones políticas y que ya ha purgado el 95% de su pena.
Sin embargo, la realidad fuera de los juzgados dibuja un escenario distinto. Aunque su condena oficial termina en 2026 (con proyecciones de salida hasta 2027), la presión social y las investigaciones pendientes pesan sobre el proceso.
La sombra de la desaparición forzada La posible liberación de Duarte encendió las alarmas entre los colectivos de búsqueda de personas. Organizaciones como el Colectivo Solecito advierten que la sentencia actual es insuficiente frente a la «política de terror» vivida durante su sexenio (2010-2016).
#ULTIMAHORA
SE LE BORRÓ LA SONRISA A JAVIER DUARTEYa cuando el Priista estaba con su guayabera listo para salir la @FGRMexico presentó nuevos testigos en su contra y el Fiscal Manuel Granados confirmó que los testimonios son sólidos e insistirán en mantener al ExGoberladrón… pic.twitter.com/A8OTVtJmCI
— La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 20, 2025
Lucía Díaz, vocera del colectivo, recordó que junto a la Federación Internacional de Derechos Humanos denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) la desaparición forzada de 22 personas, presuntamente cometida por autoridades estatales en colusión con el crimen organizado. «Fue un gobierno represor. Con nueve años no se paga lo que hizo Duarte. ¿Quién va a dar cuenta de los crímenes de lesa humanidad?», cuestionó la activista, señalando el hallazgo de fosas clandestinas como Colinas de Santa Fe, donde se encontraron más de 300 cráneos.
Impunidad y la red de cómplices
El caso Duarte también expone las fallas estructurales del sistema de justicia. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), existen 70 denuncias por el desvío de más de 60 mil millones de pesos, pero la mayoría siguen en integración o estancadas. La paradoja es evidente: mientras Duarte busca salir, la mayoría de su círculo cercano ya está libre.
Tarek Abdalá: Extesorero que se convirtió en testigo protegido a cambio de inmunidad.
Arturo Bermúdez Zurita: Exsecretario de Seguridad Pública, acusado de desaparición forzada y enriquecimiento ilícito, lleva su proceso en libertad.
Gabriel Deantes Ramos: Sentenciado por peculado, pero sin pisar la cárcel.
De los más de 25 exfuncionarios señalados e imputados, actualmente solo uno permanece en prisión. Bienes asegurados como el rancho «Las Mesas» o propiedades en el extranjero no han garantizado la recuperación de los miles de millones sustraídos de las arcas veracruzanas.
La lucha de la sociedad civil
El caso TOJIL El proceso abreviado que permitió a Duarte recibir una sentencia reducida de 9 años fue calificado por la organización TOJIL como un acto de corrupción en sí mismo. La ONG ha emprendido una batalla legal histórica para ser reconocida como «víctima» en casos de corrupción, llevando el asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras ser rechazados por los tribunales mexicanos. Para TOJIL, la liberación anticipada sería el último eslabón de una cadena de impunidad pactada desde la administración federal anterior.
El próximo viernes, la jueza Zamorano dictará la sentencia definitiva sobre la solicitud de liberación, una decisión que mantiene en vilo a las víctimas y pone a prueba, nuevamente, al sistema judicial mexicano.