El fútbol mexicano se encuentra en el ojo del huracán judicial. Un juez de control de la Ciudad de México ha emitido una orden de aprehensión en contra de Jesús Martínez Patiño, el influyente presidente de Grupo Pachuca, conglomerado dueño de los clubes Pachuca y León de la Liga MX.
La acusación formal que pesa sobre Martínez es el delito de «desobediencia de particulares agravado».
Esta orden de captura, que también incluye a Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal de los Tuzos del Pachuca, surge tras una escalada en la compleja batalla legal que el grupo empresarial mantiene con Grupo Lauman (Fox Sports México) por los derechos de transmisión de ambos equipos.
¿De qué se le acusa exactamente a Jesús Martínez?
El delito de desobediencia se configura, en este caso, por un presunto desacato judicial. Según los informes, el conflicto se detonó cuando Martínez y Cabrera no se presentaron en dos ocasiones a audiencias requeridas por la autoridad judicial en relación con el litigio con Fox Sports.
Debido a estas ausencias, el juez declaró al presidente de Grupo Pachuca como «sustraído de la justicia», al no comparecer ni presentar una justificación considerada válida, lo que finalmente motivó la orden de captura. De ser detenidos, ambos directivos serían trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la CDMX.
El fondo: La «guerra» por los derechos de transmisión
- El problema de fondo se remonta a la ruptura contractual entre Grupo Pachuca y Fox Sports México.
- Terminación de Contrato: Grupo Pachuca dio por terminada su relación con Grupo Lauman el 26 de mayo de 2024.
- Nuevo Acuerdo: Posteriormente, firmó un nuevo contrato con otra empresa (Fox Corp/Tubi) para la transmisión de los partidos de León y Pachuca.
La demanda: Fox Sports México (Lauman) respondió con un juicio mercantil (ante el Juzgado 40 de lo Civil), alegando que los derechos aún le pertenecían.
Medidas cautelares: Dicho juzgado otorgó medidas precautorias a Lauman, intentando impedir que Pachuca explotara los derechos de transmisión con terceros.
La acusación de desobediencia surge presuntamente porque el Club Pachuca habría ignorado estas medidas cautelares y continuado con las transmisiones bajo su nuevo acuerdo.
Grupo Pachuca responde: «Es intimidación»
Mediante un comunicado oficial, Grupo Pachuca fijó su postura y defendió a sus directivos. Calificaron las medidas emitidas por el Juzgado 40 Civil como «irregulares» y aseguraron que estas «ya han sido suspendidas de manera definitiva» por otras instancias judiciales.
El grupo empresarial confirmó que sus directivos fueron citados, pero explicó la razón de su inasistencia a la audiencia del pasado 3 de octubre.
«Se decidió que ninguno de ellos acudiera a la audiencia programada y, en su lugar, se presentara una demanda de amparo indirecto para proteger su libertad», señala el comunicado.
Argumentaron que tomaron esta decisión ante el temor de una «indebida privación de su libertad» mediante prisión preventiva, una medida que consideran desproporcionada para el supuesto delito imputado.
Grupo Pachuca calificó la solicitud de aprehensión, realizada el 27 de octubre, como un «acto de intimidación» y lamentó que el sistema judicial «se utilice de forma indebida». Finalmente, expresaron su confianza en que el Poder Judicial rectifique el proceso.
Aunque se espera una larga batalla de amparos, la orden de captura contra una de las figuras más poderosas y modernizadoras del fútbol mexicano marca un episodio inédito en la relación entre los negocios, la justicia y la Liga MX.
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— Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 29, 2025