El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, impuso este lunes duras sanciones económicas contra una red de 8 personas y 12 empresas mexicanas, acusándolas de formar parte de una estructura de «narcoterrorismo» que provee precursores químicos para la producción de fentanilo a «Los Chapitos», la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que esta red es clave para el suministro de los insumos con los que el cártel produce las drogas sintéticas responsables de una crisis de salud en Estados Unidos.
“Más de 500,000 estadounidenses han muerto por intoxicación con fentanilo”, declaró John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera. “El presidente Trump ha dejado claro que detener el flujo letal de drogas hacia nuestro país es una prioridad absoluta. El Departamento del Tesoro se compromete a desmantelar las complejas redes financieras que sustentan a estas organizaciones terroristas”.
La red empresarial en el corazón de Culiacán
El centro de la red sancionada es la empresa de equipo de laboratorio Sumilab, S.A. de C.V., con sede en Culiacán, Sinaloa. Según la OFAC, esta compañía, dirigida por la familia Favela López, ha sido un proveedor fundamental para los operadores de laboratorios clandestinos del cártel.
Treasury is sanctioning an illicit fentanyl supply network that supports the Sinaloa cartel. Under President Trump's leadership, Treasury will continue to aggressively target and dismantle the financial networks that enable terrorist organizations to poison Americans with deadly…
— Treasury Department (@USTreasury) October 6, 2025
Los hermanos Víctor Andrés, Francisco y Jorge Luis Favela López son señalados como los principales operadores. La investigación detalla que, tras una primera sanción en mayo de 2023, la familia intentó ocultar sus operaciones quitando los letreros de sus tiendas y usando prestanombres para desvincularse de otras empresas de su red, como Agrolaren, Viand y Favelab.
Otra figura clave sancionada es Martha Emilia Conde Uraga, alias “Martita”, descrita como una veterana «bróker» de químicos para el Cártel de Sinaloa, quien operaba a través de empresas fachada de limpieza y bienes raíces como Viosma y Prolimph.
Consecuencias de la sanción
Bajo esta designación, todos los bienes y cuentas bancarias de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en territorio o jurisdicción de Estados Unidos quedan congelados. Además, se prohíbe a cualquier ciudadano o entidad estadounidense realizar transacciones comerciales o financieras con ellos.
Las autoridades estadounidenses advirtieron que estas sanciones pueden acarrear multas millonarias y sentencias de hasta 15 años de cárcel para quienes las violen. La designación se fundamenta en la clasificación del Cártel de Sinaloa como una Organización Terrorista Extranjera, realizada por el Departamento de Estado en febrero de 2025.