Con pañuelos verdes en alto y consignas como “¡No que no, sí que sí, ya volvimos a salir!”, el grito por la justicia reproductiva resonó en la capital mexiquense. Aunque la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación ya no es un delito en la entidad, en la práctica, las mujeres y personas gestantes enfrentan un laberinto de obstáculos que las obliga a recurrir a la clandestinidad o a enfrentar violencia obstétrica en el sistema de salud.
Un laberinto de obstáculos institucionales
La principal denuncia de las activistas es que los cambios al Código Penal resultan «insuficientes». El acceso al procedimiento se concentra en apenas cuatro hospitales del ISSSTE a nivel estatal, excluyendo a la gran mayoría de la población que no es derechohabiente o que vive en municipios lejanos.
Esta barrera se agrava por un alarmante vacío legal. Como señalaron las colectivas, la ausencia de leyes secundarias que regulen los protocolos en los hospitales públicos estatales abre la puerta a la negación del servicio, dilaciones injustificadas y la persistencia de la violencia institucional.
Prueba de ello, denunciaron, es que en lo que va del año la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha abierto 79 carpetas de investigación por el delito de aborto, a pesar de que este ya fue eliminado del marco penal. «La despenalización es un avance, pero la violencia institucional persiste», sentenciaron durante su posicionamiento.
Tensión y consignas en el corazón de Toluca
La marcha partió del Parque Simón Bolívar y realizó paradas estratégicas para visibilizar sus demandas. Uno de los puntos clave fue el Hospital de Ginecobstetricia 221 del IMSS, donde protestaron enérgicamente contra la violencia obstétrica y la falta de acceso a la ILE en sus instalaciones.
El recorrido también incluyó un momento de tensión al pasar frente a la iglesia de Santa Clara. Mientras se oficiaba una misa, un grupo de manifestantes realizó actos de iconoclasia, rompiendo cristales del recinto en rechazo a la postura de la iglesia contra los derechos reproductivos. El incidente provocó crisis nerviosa entre algunos feligreses. “No tienen que venir a agredirnos, deben respetar nuestra fe”, narró Luisa, una vecina de la zona, al describir los hechos.
La movilización continuó hasta la Cámara de Diputados y el Palacio de Gobierno, donde las manifestantes exigieron a los legisladores «dejar de simular» y concretar la regulación pendiente.
Colectivas feministas marchan en #Toluca exigiendo acceso real al aborto pese a despenalización; señalan que solo cuatro hospitales del ISSSTE brindan el servicio. pic.twitter.com/R4FodgleGL
— Capital EdoMex (@CapitalEdomex) September 28, 2025
El pendiente legislativo: Leyes secundarias, la pieza clave
El futuro del acceso al aborto en la entidad depende del Congreso local. Al respecto, la diputada Zaida Cedillo Silva, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, se mostró optimista y declaró que se prevé que las leyes secundarias sean reguladas antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones. Cedillo Silva también aclaró que el 80% de los procedimientos no son invasivos y pueden realizarse con medicamento, por lo que la clave, dijo, es la capacitación del personal con perspectiva de género.
Sin embargo, esta visión contrasta con la del presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez Rodríguez, quien, según documentó en su momento el portal La Silla Rota, descartó que la regulación quedara lista en el corto plazo, argumentando que primero se debe trabajar en la difusión de la nueva ley.
Mientras el debate político continúa, las colectivas feministas fueron claras en sus exigencias finales: la aprobación inmediata de las leyes secundarias, la ampliación de la cobertura a todos los hospitales públicos, sanciones para quien niegue el servicio y educación sexual integral para no seguir responsabilizando únicamente a las mujeres.