El cerco judicial sobre el líder nacional del PRI, Alejandro «Alito» Moreno Cárdenas, se ha estrechado. La Fiscalía Anticorrupción de Campeche presentó formalmente ante la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero en su contra, imputándole el presunto desvío de 83.5 millones de pesos a través de una sofisticada red de corrupción operada durante su mandato como gobernador (2015-2019).
El caso, que ya implica a 17 exfuncionarios vinculados a proceso, se sostiene en cuatro carpetas de investigación que detallan el uso de prestanombres, empresas fantasma y contratos simulados. De forma crucial, dos de los implicados ya colaboran con la fiscalía bajo un criterio de oportunidad, lo que podría ser determinante para el futuro del senador priista. Esta es la segunda vez que se busca desaforarlo, tras un primer intento en 2022 por enriquecimiento ilícito.
Las cuatro tramas de Corrupción
Las acusaciones describen un modus operandi diverso para desviar fondos públicos desde diferentes frentes de su administración.
1. Prestanombres en seguridad pública ($27.2 millones)
La investigación más robusta apunta al desvío de recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Según las pesquisas, se utilizaron como prestanombres a dos empleados de servicio de un amigo cercano del entonces Secretario de Seguridad. A cambio de unos 4 mil pesos, estas personas entregaron su documentación para facturar servicios simulados. Ambos han admitido no tener conocimiento de las facturas millonarias y ahora son testigos colaboradores.
2. De escuela de buceo a consultora millonaria ($23.8 millones)
Otra trama involucra a la Administradora Portuaria Integral de Campeche (Apicam). Se otorgaron contratos millonarios por supuesta asesoría jurídica y fiscal a una empresa que, originalmente, se dedicaba a dar clases de buceo. La compañía cambió su objeto social justo antes de recibir las adjudicaciones, sin que exista respaldo de los servicios. «Alito» Moreno era presidente de la Junta de Gobierno de la Apicam cuando se firmaron dichos contratos.
3. Pagos sin respaldo a televisora ($14.2 millones)
Desde la oficina de Comunicación Social del gobierno estatal, se autorizaron pagos frecuentes y sin justificación a la televisora Mayavisión, propiedad de un empresario cercano a Moreno. Las autoridades interpretan esta operación como una posible «compra» disfrazada del medio de comunicación con dinero público.
4. Un mercado para amigos, no para artesanos ($18.3 millones)
El proyecto de la «Plaza Colosio» también es investigado. El gobierno de Moreno compró el terreno a un empresario amigo y construyó la plaza. Sin embargo, en lugar de destinar los locales a los artesanos, estos fueron rentados a particulares, desvirtuando el propósito social de la obra.
La Respuesta de ‘Alito’: «Una Cortina de Humo»
En respuesta a la ofensiva legal, Alejandro Moreno desestimó las acusaciones y las calificó como una maniobra política del partido en el poder. «Veo a este gobierno más tenso que nunca. En Morena andan tan desesperados por cubrir sus escándalos, que ya ni ellos mismos saben cuántas cortinas de humo levantaron. La caja china la traen al máximo, pero ni así logran esconder lo que pasa», declaró el dirigente.
Veo a este gobierno más tenso que nunca. En Morena andan tan desesperados por cubrir sus escándalos, que ya ni ellos mismos saben cuántas cortinas de humo levantaron. La caja china la traen al máximo, pero ni así logran esconder lo que pasa.
Ya ni entre ellos se aguantan. El…
— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 29, 2025
Moreno Cárdenas contraatacó señalando divisiones internas en el oficialismo: «Ya ni entre ellos se aguantan. El pleito es interno, el hambre de poder y control está fuera de control. Y como siempre, el pueblo de México es quien paga las consecuencias». Finalmente, retó al gobierno a aplicar la justicia de manera pareja. «Acepten lo inevitable: se les acabó el tiempo. Juzguen a sus vacas sagradas, hagan lo que se tiene que hacer. Gobernar es una responsabilidad, no un pacto de impunidad entre cuates», sentenció.
El futuro político y legal de «Alito» Moreno ahora depende de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que deberá analizar las pruebas de la fiscalía y los argumentos de la defensa para decidir si le retira la inmunidad procesal y permite que enfrente a la justicia de Campeche.