La disputa fiscal entre Grupo Salinas y el Gobierno de México ha escalado a un nuevo nivel de confrontación pública. A través de un enérgico comunicado, el conglomerado empresarial no solo ha revelado haber pagado más de 250 mil millones de pesos en impuestos desde 2005, sino que también ha acusado al gobierno de orquestar una “extorsión fiscal y persecución política” en su contra.
Esta declaración responde directamente a las afirmaciones del Gobierno Federal, que el pasado 27 de junio, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, acusó a la empresa de un adeudo superior a los 74 mil millones de pesos, litigado en 32 juicios a lo largo de 16 años.
La ofensiva de Grupo Salinas: ‘Es venganza, no justicia’
En su comunicado, Grupo Salinas califica la narrativa del gobierno como una «campaña negra» diseñada para legitimar lo que consideran «cobros abusivos, dobles e ilegales». Según la empresa, las cifras reclamadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) son resultado de «interpretaciones arbitrarias» y han sido «infladas artificialmente» con multas y recargos hasta alcanzar «cifras absurdas».
“Esto ya no se trata de justicia fiscal o del cobro de impuestos; es, más bien, una estrategia de venganza y persecución política”, sentencia el documento. El grupo empresarial afirma que los litigios son utilizados como un «distractor» para desviar la atención de problemas nacionales como la corrupción y la violencia.
Además, denuncian una serie de irregularidades procesales, entre las que destacan:
Presión sistemática a jueces, magistrados y ministros.
Exhibición ilegal de información confidencial de sus casos.
Una «condenación pública» antes de cualquier fallo judicial.
Para ilustrar su punto, Grupo Salinas citó el ejemplo de deducciones de pérdidas fiscales realizadas entre 2008 y 2012 que, según ellos, el SAT primero desconoció para emitir créditos y luego reconoció para aplicar retroactivamente un cambio en la ley, resultando en un intento de «doble cobro».
La postura del gobierno: Un ‘modus pperandi’ de larga data
La versión del Gobierno, expuesta por la procuradora fiscal Grisel Galeano García, es diametralmente opuesta. Sostiene que el adeudo de más de 74 mil millones de pesos no es reciente, sino el resultado de un «modus operandi» sostenido durante 16 años, en el cual la empresa ha utilizado recursos legales y amparos para retrasar una resolución definitiva.
La procuradora detalló la distribución de los litigios en las más altas instancias judiciales:
Suprema Corte de Justicia: Juicios que suman más de 26 mil millones de pesos.
Tribunales Colegiados: Cinco casos delicados por más de 20 mil millones de pesos.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa: Once juicios por 8 mil millones de pesos.
Galeano García también advirtió que «ciertos juzgadores ciertamente han evadido su obligación con la justicia», sugiriendo que el entramado judicial ha sido un factor en la prolongación del conflicto.
Una Batalla en Tribunales y en la Opinión Pública
Mientras la disputa legal sigue su curso en el Poder Judicial, la batalla por la narrativa se libra abiertamente. Grupo Salinas ha sido enfático en su postura: “No cederemos ante la extorsión fiscal y la persecución política. ¡No nos van a callar!”.
Por su parte, el Gobierno Federal utiliza sus plataformas para presentar al conglomerado como un deudor persistente. El desenlace final dependerá de los tribunales, pero ambas partes ya han dejado claro que lucharán por cada peso y cada argumento en la corte de la opinión pública.