La relación comercial entre el Gobierno de la Ciudad de México y el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego ha sido puesta en el centro del debate. La nueva administración capitalina informó este martes que todos los contratos vigentes con filiales de Grupo Salinas serán sometidos a una revisión exhaustiva para determinar su continuidad, una decisión que surge en medio de la controversia por la gigantesca deuda fiscal que enfrenta el empresario con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El detonante de esta revisión es un contrato anual de casi 100 millones de pesos otorgado a Seguros Azteca. Esta póliza, que ha sido ganada por la empresa en al menos los últimos tres años, cubre contra accidentes a casi dos millones de estudiantes, maestros y personal educativo de escuelas públicas de la capital.
‘Va Segur@’: La Póliza de la Discordia
El contrato en cuestión corresponde al programa «Seguro Contra Accidentes Personales Escolares ‘Va Segur@’», una iniciativa que busca garantizar atención médica de urgencia para la comunidad escolar. Documentos oficiales confirman que Seguros Azteca ha ganado las licitaciones públicas al presentar consistentemente la oferta económica más baja.
En el proceso para el ejercicio 2024, por ejemplo, la aseguradora de Salinas Pliego superó por un estrecho margen a su competidor, Seguros Sura, con una propuesta de 94.7 millones de pesos frente a 96.8 millones. Otras grandes aseguradoras como Metlife, Mapfre y Seguros Banorte adquirieron las bases pero no presentaron ofertas finales.
El elefante en la habitación: el Adeudo con el SAT
La polémica no reside en la legalidad del proceso de licitación —el cual, según las autoridades, cumplió con la ley—, sino en la ética y la óptica política. Mientras Grupo Elektra, empresa matriz, mantiene una disputa en tribunales por adeudos fiscales que superan los 74,000 millones de pesos, su filial aseguradora se beneficia de un importante contrato con fondos públicos.
Expertos y analistas señalan que la capacidad de las empresas de Grupo Salinas para ofrecer precios tan bajos en licitaciones podría estar vinculada a su estructura de negocios y a las mismas estrategias fiscales que hoy son objeto de litigio. La Ley de Adquisiciones del Sector Público no prohíbe explícitamente contratar a proveedores con adeudos fiscales, pero sí exige al Estado asegurar las «mejores condiciones», un término que ahora se pone en tela de juicio.
La Respuesta oficial: «revisaremos la continuidad»
En respuesta a un reportaje de la Revista Fortuna que expuso la situación, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México emitió un comunicado para fijar su postura. En él, el gobierno de Clara Brugada:
Confirma que Seguros Azteca obtuvo los contratos de 2023 y 2024 legalmente al presentar la mejor propuesta económica.
Anuncia que todos los contratos vigentes con Grupo Salinas serán sujetos a una revisión para «determinar su continuidad».
Refrenda su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de sus proveedores.
Esta revisión abre la puerta a un posible cambio en la relación entre el gobierno capitalino y uno de los conglomerados empresariales más grandes y polémicos del país, en un claro intento por alinear las contrataciones públicas con un mensaje de responsabilidad fiscal.