La posibilidad de que personas que actualmente ocupan de forma irregular una vivienda deshabitada puedan adquirirla a precios bajos, es totalmente desacertada, perversa y antijurídica que pone en entredicho la institucionalidad del Infonavit.
Rafael Riva Palacio Pontones, dirigente del Sindicato del Infonavit, sostuvo que esta medida sólo crea incentivos perversos que podrían multiplicar las invasiones de 600 mil viviendas, promoviendo la ilegalidad al abrir la puerta a la normalización de las invasiones ilegales y al despojo patrimonial.
Al incentivar la ocupación ilícita de viviendas se generan graves riesgos legales, sociales y económicos para sus propietarios originales, patrones y gobierno de persistir con esta decisión, remarcó.
De acuerdo a la información que adelantó la agencia Quadratín, el plantón anunciado por Rivapalacio Pontones para este martes por la tarde en todas las oficinas del Infonavit ubicadas en todo el territorio nacional, es en defensa de los recursos y derechos de las y los trabajadores de México que se da en un contexto de creciente incertidumbre jurídica y preocupación por los derechos de propiedad.
El arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones, dirigente del Sindicato del Infonavit, y Galo Enrique Vázquez Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Infonavit, A.C. señalaron que la decisión surge como respuesta directa a las recientes declaraciones del Director General del Infonavit, Octavio Romero Oropeza.
Romero Oropeza anunció que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se promoverá la posibilidad de que personas que actualmente ocupan de forma irregular una vivienda deshabitada puedan adquirirla a precios bajos. Esta propuesta, lejos de representar un acto de justicia social, abre la puerta a la normalización de las invasiones ilegales y al despojo patrimonial, al incentivar la ocupación ilícita de viviendas financiadas con el esfuerzo y ahorro de generaciones de trabajadores mexicanos.
SE VULNERA LA PROPIEDAD PRIVADA
Riva Palacio Pontones dijo que la legítima preocupación de nuestro gremio radica en la protección del derecho constitucional a la propiedad, especialmente cuando esta se ha construido con los recursos de los trabajadores. La iniciativa anunciada no sólo vulnera la propiedad privada, sino que también pone en entredicho la institucionalidad del Infonavit, al crear incentivos perversos que podrían multiplicar las invasiones de vivienda, promoviendo la ilegalidad en lugar de fortalecer los mecanismos formales de acceso a una casa digna.
SIN CERTEZA JURÍDICA NO HAY INVERSIÓN
Expertos en desarrollo urbano, derecho inmobiliario y economía han advertido sobre los graves riesgos legales, sociales y económicos de esta medida. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) subrayó que decisiones como esta generan desconfianza y ahuyentan la inversión en un sector que aporta cerca del 14% del PIB nacional. El presidente local de la AMPI, Javier Préstamo Ábrego, señaló que «sin certeza jurídica, no hay inversión» y destacó que la seguridad patrimonial es clave para el crecimiento económico, la generación de empleo y la atracción de capital nacional y extranjero. Además, permitir la adquisición de viviendas invadidas sin mecanismos de control ni sanciones claras envía un mensaje alarmante a la ciudadanía: el respeto a la ley puede ser reemplazado por la ocupación de facto. Esto representa una amenaza no sólo para los propietarios actuales, sino también para los futuros acreditados, que podrían ver en riesgo su inversión de vida.
Por ello, el sindicato del ramo convocó a toda la base trabajadora, jubilados, pensionados y sociedad civil a expresar su repudio legítimo ante esta política regresiva que atenta contra el trabajo digno, el esfuerzo acumulado de miles de familias y el sentido de justicia que debe regir a las instituciones públicas.
Frente al silencio oficial, nuestra respuesta debe ser clara y contundente. El plantón nacional no sólo busca visibilizar el rechazo a una decisión desacertada, sino también reivindicar el papel de las y los trabajadores como actores centrales en la construcción de un país más justo, legal y equitativo. “No se trata sólo de defender viviendas; se trata de defender los principios que han hecho del Infonavit una institución confiable: la legalidad, la justicia social y la protección del patrimonio obrero. Porque cada uno de nosotros tiene la respuesta, alzamos la voz para que se escuche en todo el país: no al despojo, sí al respeto del trabajador, finalizó Riva Palacio.