La diplomacia estadounidense ha endurecido su postura y Sinaloa es el epicentro del mensaje. El gobierno de Estados Unidos revocó desde el año pasado la visa al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. Esta acción restrictiva no es un hecho aislado, sino la antesala de una campaña judicial y anticorrupción orquestada por la administración de Donald Trump, la cual busca llevar ante tribunales federales estadounidenses a funcionarios mexicanos —incluyendo perfiles de Morena— por presuntos vínculos con los cárteles de la droga.
El retiro del visado, que hasta ahora no había trascendido de manera pública, fue revelado por el periodista de investigación Steve Fisher, corresponsal del Los Angeles Times y Puente News Collaborative. El hallazgo periodístico desmiente de tajo las declaraciones del propio Rocha Moya, quien todavía en junio de 2025 aseguró en conferencia de prensa que contaba con su documento migratorio vigente y calificó los rumores como «especulaciones».
⭕️ Justicia al fin para los Sinaloenses | De acuerdo a investigación del periódico ‘Los Ángeles Times’ 🇺🇸, el gobierno de USA retiró la VISA al narco gobernador de #Sinaloa Rubén Rocha Moya.
¿Y resto cuando?
Vía: @CiroGomezL@rochamoya_ @latimes #Culiacán #Morena #4T… pic.twitter.com/YgA9P2tvhI
— PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) April 28, 2026
El ultimátum del embajador Johnson
La filtración sobre la cancelación de la visa toma una nueva dimensión política tras la reciente visita a territorio sinaloense del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Durante la colocación de la primera piedra del complejo energético Pacífico Mexinol en Los Mochis —que representa una inyección de capital estadounidense de 3 mil 300 millones de dólares—, el diplomático lanzó un dardo inusualmente directo.
Invocando las cláusulas del T-MEC, Johnson recordó que el tratado comercial exige tipificar el soborno y la extorsión como delitos. «Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito. Así que estén atentos», sentenció el embajador. Casualmente, o como un claro desplante diplomático, Rocha Moya no logró compartir el presídium ni la fotografía oficial del evento; una manifestación obligó al mandatario estatal a quedarse rezagado mientras Johnson y los inversionistas continuaban con el protocolo a puerta cerrada.
De las restricciones de viaje a los indictments
Hasta ahora, la cancelación de visas había sido el mecanismo tradicional de presión por parte de Washington. Sin embargo, las fuentes de Fisher advierten que la estrategia actual es «fuerte y amplia». El Departamento de Justicia de EE. UU. estaría preparando acusaciones formales (indictments) contra la clase política mexicana corrupta.
Para construir estos expedientes, los fiscales estadounidenses echarían mano de testigos colaboradores de primer nivel, destacando figuras como Joaquín y Ovidio Guzmán, hijos de «El Chapo» Guzmán. Los líderes de «Los Chapitos», quienes mantienen acuerdos de culpabilidad en Chicago, poseen información clave sobre las redes de protección institucional de las que goza el Cártel de Sinaloa.
El panorama para Rocha Moya se vuelve cada vez más crítico. El gobernador sinaloense arrastra un severo desgaste político tras la crisis desatada por el asesinato en 2024 de su rival político, el exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda; un caso donde la Fiscalía federal comprobó que las autoridades estatales manipularon evidencias y fabricaron montajes.
La ofensiva de Trump ya contabiliza a más de 50 políticos mexicanos sancionados con el retiro de visas, sumándose al reciente caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Con la revisión del T-MEC en puerta, Washington deja claro que el combate a la corrupción y al narcotráfico será la moneda de cambio ineludible en la relación bilateral.