La resistencia ciudadana se intensifica en las calles de la capital. Estudiantes, trabajadores, colectivos antigentrificación y pueblos originarios han conformado un frente para intentar frenar lo que denuncian como un despojo institucionalizado: el Plan General de Desarrollo (PGD). Acusan a las autoridades capitalinas de intentar imponer un documento de más de 500 páginas, desconocido por la mayoría de la población, que dictará el rumbo de la urbe durante los próximos 20 años en claro beneficio de las grandes corporaciones y consorcios inmobiliarios.
De acuerdo con el Frente Anáhuac, el discurso oficial —que promete erradicar la pobreza y prevenir riesgos socioambientales— es tan solo una fachada. En la práctica, aseguran que el PGD es un instrumento diseñado para «legalizar la urbanización salvaje», devorar las áreas verdes de conservación y promover plazas de lujo, en detrimento del comercio local y la vivienda accesible.
«¿Es para nuestra vivienda, agua y salud, o es para seguir expulsándonos para que gentes con dólares y euros se apoderen de la ciudad?», cuestionaron las organizaciones a través de un duro pronunciamiento, alertando sobre un inminente colapso de la capital si se aprueba el proyecto sin modificaciones.
Consulta simulada y oídos sordos
La indignación de los pueblos y barrios originarios radica en la violación sistemática de sus derechos a la autodeterminación. Denuncian que el gobierno busca dar por concluido de manera unilateral el proceso de consulta este viernes 10 de abril, un acto que catalogan de totalmente ilegítimo y legalmente nulo, pues las autoridades tradicionales y legítimas de los barrios jamás firmaron los protocolos de inicio.
Ante esta imposición gubernamental, los afectados exigieron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) la emisión de medidas cautelares urgentes. Advierten que si la titular del organismo no frena la consumación de este acto antes del plazo establecido por las autoridades de planeación, la Comisión se volverá cómplice del atropello histórico contra las comunidades.
Estalla la tensión en Donceles: el costo de ignorar al pueblo
El hartazgo social frente a las nulas políticas de vivienda y planeación de la actual administración ya cobró factura directamente en el Congreso capitalino. Esta misma semana, el descontento derivó en una protesta violenta cuando integrantes de la Asamblea de Barrios y el Frente de Organizaciones Sociales de Azcapotzalco se vieron forzados a dar un «portazo» e irrumpir en el recinto legislativo de Donceles.
Su desesperación respondía a la negativa de los legisladores y del Instituto de Vivienda (INVI) a dialogar para detener los cobros indebidos en los créditos de los departamentos sociales. Lejos de encontrar apertura, los manifestantes —que acusan a la actual administración de operar con la misma cerrazón que los gobiernos de sexenios pasados— fueron repelidos con polvo de extintor por parte del equipo de resguardo.
«Son una transformación de cuarta que no ve», sentenciaron los líderes vecinales durante la protesta, dejando en claro que, ante la negativa oficial al diálogo, la movilización en los territorios y en las calles por la autonomía, el bosque, el agua y la vida, apenas comienza.