La evolución de la tecnología ha traído consigo nuevas formas de violencia que exigen respuestas legales inmediatas. Ante el alarmante aumento de la explotación sexual infantil en México, el Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa que propone hasta nueve años de prisión para quienes elaboren, manipulen o difundan imágenes y videos sexuales de menores de 18 años utilizando Inteligencia Artificial (IA) u otras herramientas digitales.
La propuesta, impulsada por la diputada Laura Alejandra Álvarez Soto, busca reformar el artículo 181 Quintus del Código Penal local. El objetivo central es cerrar las lagunas legales que permiten a los agresores operar con impunidad, equiparando la creación de este contenido artificial, falso o simulado con el delito agravado contra la intimidad sexual.
️♀️♂️Proponen 9 años de prisión para quienes elaboren o difundan imágenes sexuales de menores de 18 años.
BBCMás detalles aquí https://t.co/Sv20Cth7bw pic.twitter.com/zr61OsS8CJ
— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) March 1, 2026
Protección prioritaria en el entorno escolar
Uno de los puntos clave de la iniciativa es aplicar este mismo rigor penal a quienes difundan dicho material dentro de las escuelas de las víctimas. De acuerdo con la legisladora, esta práctica representa una forma extrema de violencia que humilla, aísla y, en muchos casos, obliga a los menores a abandonar sus estudios.
«Una imagen sexualizada de una persona menor de edad cuando circula, aunque haya sido creada con inteligencia artificial, genera un trauma, humillación y miedo real. Es una violación imperdonable a la intimidad», enfatizó Álvarez Soto desde la tribuna.
Cifras que alarman
Los datos respaldan la urgencia de modernizar la ley. Tan solo en el primer trimestre de 2025, los casos de trata vinculados al abuso sexual infantil representaron el 86 por ciento del total de reportes por este ilícito; de esta cifra, el 62 por ciento correspondió a pornografía infantil.
Los agresores suelen operar a través de plataformas de uso diario como Facebook, Instagram y WhatsApp, disfrazando el acoso mediante juegos, retos o bromas. Las principales víctimas son adolescentes: el 44 por ciento tiene entre 16 y 17 años, el 41 por ciento entre 12 y 15 años, aunque se han detectado casos de menores de apenas seis años.
Más allá del castigo penal, la iniciativa —que ya fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictaminación— exige a las autoridades actualizar sus protocolos de actuación. Esto incluye la capacitación especializada de la policía cibernética y peritos, la emisión de lineamientos para validar pruebas digitales y la implementación de campañas permanentes de prevención en los planteles educativos.