La imagen es devastadora: una mujer de complexión delgada, sometida en el suelo, gritando por ayuda, mientras ocho elementos de la policía municipal la rodean y la jalonean para subirla a una patrulla. A su lado, un pequeño perro ladra desesperado, intentando proteger a quien es su único mundo. No se trata de la captura de un peligroso criminal, sino de un operativo por una falta administrativa que terminó exhibiendo, una vez más, la brutalidad institucionalizada en las fuerzas del orden de la capital oaxaqueña.
El incidente, ocurrido entre las calles Guadalupe Victoria y Húzares, fue documentado por testigos y viralizado rápidamente en redes sociales. En el material, se observa a efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) aplicando un uso de la fuerza a todas luces desmedido.
Una decena de policías del @MunicipioSeguro para "arrestar" a una mujer en Calzada Madero ¿abuso?, la señora pedía ayuda para resguardar a su perro .
Policía se acerca a la que grabó para pedirle sus datos porque el vídeo les iba a servir a ellos.@raychagoya pic.twitter.com/HVqenR2C1I
— Oaxaca Capital (@OaxacaCapital) January 27, 2026
«¡Ayúdenme, por favor, mi perro!»
Los gritos de la detenida no eran por su propia integridad, sino por la de sus mascotas (un perro y un gato) que quedaban a la deriva. Según el reporte de Álvaro Morales (Milenio), la mujer fue arrastrada varios metros antes de ser esposada, mientras un oficial incluso intentó intimidar a quien grababa la escena, exigiendo datos personales bajo el pretexto de que el video sería «evidencia».
La justificación oficial, difundida posteriormente, señaló que vecinos reportaron a la mujer «escandalizando bajo efectos de drogas». Sin embargo, la desproporción del operativo —ocho uniformados contra una sola persona visiblemente vulnerable— ha desatado una ola de indignación ciudadana que cuestiona la capacidad de los elementos para manejar crisis sin violencia.
Libre y sin cargos, pero violentada
La ironía del sistema quedó al descubierto horas después: la mujer fue puesta en libertad porque nadie presentó cargos en su contra. Todo el despliegue de fuerza, el trauma y la viralización de su vulnerabilidad, resultaron en un trámite burocrático vacío.
Respecto a las mascotas, el Ayuntamiento informó que fueron resguardadas y entregadas sanas y salvas a una hija de la afectada.
Investigación bajo presión
Ante el escándalo, la administración del alcalde Raymundo Chagoya emitió un comunicado expresando «preocupación» y prometiendo una investigación interna. «No se tolerará ningún acto que vulnere los derechos humanos», reza el texto oficial.
No obstante, el Código Penal de Oaxaca es claro: el artículo 208 sanciona con tres a seis años de prisión al servidor público que ejerza violencia sin causa legítima. La ciudadanía ahora espera que la «investigación interna» no sea solo una medida para calmar las redes, sino el inicio de una sanción ejemplar contra quienes confundieron el orden público con el abuso de poder.