La presión social dobló la agenda judicial. Tras un bloqueo que paralizó los accesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde las primeras horas de este lunes, el máximo tribunal decidió aplazar la discusión de la Acción de Inconstitucionalidad 73/2019, la cual validaba reformas legales que, según activistas, facilitan los desalojos forzados en la capital.
Bajo consignas como “¡Vivienda sí, desalojo no!”, integrantes del Movimiento Urbano Popular, la Red de Desalojadas de la CDMX y vecinos afectados del predio República de Cuba 11, impidieron el paso de personal al recinto. Su exigencia era clara: frenar el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, quien proponía avalar la redacción actual del Artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Una victoria parcial para la resistencia urbana
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, confirmó al inicio de la sesión que el tema sería retirado del orden del día para evitar una escalada del conflicto y abrir un canal de diálogo. Según reportó Fábrica de Periodismo, se acordó que una comisión de afectados tendrá una audiencia directa tanto con el ministro presidente como con la ministra ponente.
“Esto quiere decir que todavía no se resuelve, no es una victoria definitiva, pero sí es una gran victoria que celebrar. Tenemos la oportunidad de que cuando se resuelva, se haga basándose en los derechos humanos”, expresó el colectivo Mariposas Mirabal tras el anuncio.
El núcleo de la disputa: Artículo 60
La controversia gira en torno a la protección contra el desalojo. La versión original de la ley, aprobada en 2018, garantizaba el realojamiento en un radio de 15 kilómetros y la indemnización por bienes perdidos. Sin embargo, una reforma de 2019 eliminó estas salvaguardas, dejando como requisito principal la existencia de una orden judicial, lo que, según los críticos, legaliza los atropellos.
De acuerdo con testimonios recogidos por La Silla Rota, Eduardo Alanís, del Frente Antigentrificación, denunció que el marco legal actual «da la espalda a los que vivimos en esta ciudad y es un proyecto a favor de las inmobiliarias».
Por su parte, la abogada y activista Carla Escoffie ha señalado en diversas plataformas que, si bien el artículo original no era perfecto, su modificación representó un claro retroceso en la progresividad del derecho a la vivienda digna.
La sombra del Mundial 2026
Los manifestantes vinculan la urgencia de estas reformas con la presión inmobiliaria derivada de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Organizaciones vecinales advierten que la especulación está desplazando a los habitantes originarios del Centro Histórico y colonias aledañas.
Un caso emblemático citado durante la protesta es el de República de Cuba 11, donde familias y adultos mayores fueron desalojados en agosto de 2025. Según reportes de la agencia Cuartoscuro, los vecinos denuncian fraude procesal y violencia durante el operativo, temiendo que, de validarse el proyecto de la ministra Ríos, estos casos se multipliquen sin consecuencias legales para los desarrolladores.
Por ahora, la discusión está en pausa, pero los colectivos advierten: «No dejemos que la desesperanza nos venza. Organízate, luchemos juntas y juntos».