En un esfuerzo sin precedentes por garantizar una movilidad inclusiva y accesible, el gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, consolidó un subsidio superior a los 420.5 millones de pesos destinado al transporte masivo. Esta inversión permitió que, durante el periodo comprendido del 1 de julio de 2024 al 14 de diciembre de 2025, se otorgaran más de 44 millones de viajes bajo esquemas de gratuidad y libre transbordo.
La medida, diseñada para aliviar el gasto de los hogares mexiquenses, pone el foco en los grupos prioritarios: personas de la tercera edad, ciudadanos con alguna discapacidad y niños menores de cinco años. Estos sectores ahora acceden sin costo a los sistemas Mexibús y Mexicable, ejes vertebrales de la movilidad en el Valle de México.
Beneficia Gobierno de @delfinagomeza a sectores vulnerables con más de 44 millones de viajes viajes gratuitos y libres transbordos.
Mas información: pic.twitter.com/RJ3O4A8azB
— Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) January 5, 2026
Movilidad con rostro humano
Rosa María Zúñiga Canales, titular de la Dirección General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), destacó que esta política pública marca un hito en la administración estatal. «Por primera vez en la historia, se pone en el centro de la política de transporte público a la gente que más lo necesita», afirmó la funcionaria, subrayando el giro social de la actual gestión.
El desglose de las cifras revela el alcance de la estrategia:
Este modelo de interconexión gratuita no solo representa un ahorro económico directo, sino que dignifica los traslados de miles de usuarios que invierten diariamente entre dos y tres horas para llegar a sus destinos.
Impacto regional
El programa de gratuidad ha beneficiado directamente a habitantes de municipios con alta densidad poblacional y retos significativos en movilidad, tales como Ecatepec, Tecámac, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla, entre otros.
Con estas acciones, la administración estatal reafirma su compromiso de transformar la movilidad en un derecho social, atendiendo el rezago histórico en la calidad del transporte público y ofreciendo alternativas seguras y eficientes para las familias de escasos recursos en la zona metropolitana.

