Fotografía: Se han firmado 143 acuerdos; restan cinco casos por resolver debido a trámites legales de sucesión y custodia.
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A tres meses de la tragedia que sacudió a Iztapalapa, el Gobierno de la Ciudad de México anunció un avance sustancial en la justicia restaurativa para los afectados. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que se han concretado acuerdos reparatorios por un monto histórico de 480 millones de pesos para las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina destacó que esta cifra marca un precedente en la reparación integral del daño tanto en la capital como en el país. Subrayó que la totalidad de los recursos corre a cargo de la empresa responsable del vehículo de carga, la cual asumió los costos tras los peritajes oficiales.

Avance del 90% en los pagos

“De estos 480 millones de pesos comprometidos, el 90 por ciento, es decir 429 millones, ya han sido pagados a las familias afectadas”, puntualizó Brugada.

Hasta el momento, se han firmado 143 acuerdos entre víctimas directas e indirectas. La distribución de los recursos se ha asignado de la siguiente manera:

  • 266 millones de pesos destinados a las familias de las 32 personas fallecidas.
  • 136.5 millones de pesos para la atención y compensación de personas lesionadas.
  • 27 millones de pesos para cubrir daños materiales y otras afectaciones.
  • Las autoridades aclararon que aún faltan por firmar cinco acuerdos reparatorios (tres relacionados con personas fallecidas y dos con lesiones graves). Sin embargo, esto no se debe a falta de fondos, sino a procesos legales pendientes relacionados con juicios sucesorios y la guardia y custodia de menores.

    La causa: negligencia y factor humano

    Por su parte, la Fiscal General de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde, presentó las conclusiones de la investigación técnica. Los peritajes descartaron fallas mecánicas previas en la unidad, problemas en la infraestructura del puente o factores meteorológicos.

    La responsabilidad recayó directamente en el operador y la empresa dueña de la pipa. “Existió responsabilidad inmediata del conductor, quien murió tras el accidente, debido al exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo”, explicó Alcalde.

    Asimismo, la Fiscalía detectó omisiones graves por parte de la empresa operadora, como deficiencias en la capacitación de sus choferes para el manejo de materiales peligrosos y falta de supervisión en las jornadas de conducción y descanso. Ante la contundencia de la evidencia técnica, la compañía optó por la mediación y reparación del daño, evitando un largo juicio penal.

    Medidas de no repetición

    Para evitar que una tragedia similar ocurra nuevamente, el gobierno capitalino ha implementado modificaciones al reglamento de tránsito. Estas incluyen horarios más estrictos, nuevos límites de velocidad para el transporte de hidrocarburos y el desarrollo de una aplicación de geolocalización para monitorear en tiempo real a estas unidades de riesgo.

    Redactado por: Oralia Galindo


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