En lo que se perfila como uno de los golpes más contundentes a las finanzas de las bandas dedicadas al robo de vehículos en la capital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) desmantelaron una extensa red de almacenamiento y venta de piezas robadas. El saldo final de la denominada «Operación Cazador» asciende a 1,863 toneladas de autopartes aseguradas.
Este despliegue masivo forma parte de la Estrategia de Combate al Delito de Robo de Vehículo, Motocicletas y Venta Ilegal de Autopartes, una prioridad para la administración actual que busca frenar la cadena delictiva desde sus puntos de distribución.
La #FiscalíaCDMX y la @SSC_CDMX aseguraron más de mil 800 toneladas de autopartes durante la Operación Cazador.
✅ Se ejecutaron 20 cateos en diversos inmuebles en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Tláhuac
✅ Nuestro compromiso es firme contra el… pic.twitter.com/16lGnGdSJH
— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) December 2, 2025
El mapa del delito: Cuauhtémoc a la cabeza
Entre el 12 y el 27 de noviembre de 2025, las autoridades ejecutaron 20 órdenes de cateo en inmuebles identificados mediante trabajos de inteligencia. El operativo reveló que la Alcaldía Cuauhtémoc se mantiene como el principal bastión de este mercado ilícito.
El desglose de los aseguramientos en esta demarcación es revelador:
Por otro lado, en el oriente de la ciudad, la alcaldía Iztapalapa también fue intervenida. En un solo inmueble de la colonia Ampliación Santa María Aztahuacán, los agentes aseguraron otras 20 toneladas de material, confirmando la dispersión de estas actividades hacia la periferia.
Blindaje federal y administrativo
La «Operación Cazador» no solo fue un acto policial, sino una intervención interinstitucional. Para garantizar la seguridad en zonas de alto riesgo, el dispositivo contó con el respaldo operativo de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional.
Simultáneamente, el brazo administrativo del gobierno, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), realizó diez inspecciones a establecimientos comerciales. El objetivo fue verificar la legalidad de su funcionamiento, clausurando aquellos que servían como fachada para el acopio ilegal.
El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, confirmó que todos los predios han quedado bajo resguardo policial y los indicios fueron entregados al Ministerio Público. Con estas acciones, las autoridades buscan no solo recuperar bienes, sino desarticular la logística que permite que el robo de autos siga siendo un negocio rentable en la Ciudad de México.
Redactada por: Oralia Galindo