A 48 horas de la tragedia que cobró la vida de 23 personas en un Waldo’s del centro de Hermosillo, la investigación se centra en dos frentes: la causa del incendio y la presunta negligencia operativa de la tienda.
El Gobierno de Sonora mantiene vigentes este lunes las órdenes de clausura para las 68 sucursales de la cadena en el estado, mientras las autoridades confirmaron el hallazgo más grave hasta el momento: el local siniestrado operaba sin un programa de Protección Civil autorizado desde 2021.
El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, confirmó el domingo que, si bien la tienda obtuvo permisos en 2019 y 2020, la renovación para 2021 fue «concluida en sentido negativo» por la administración actual al detectar incumplimientos. La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga ahora por qué el establecimiento continuó operando durante años pese a esta falta administrativa crítica.
01-NOV.-25 + UNA TIENDA WALDOS FUE EL LOCAL ATACADO Y EXTRAOFICIALMENTE SE HABLA QUE FUE PERPETRADO POR UN GRUPO CRIMINAL POR LA NEGATIVA DE COBRO DE PISO, SE ESPERA EL REPORTE OFICIAL POR LAS AUTORIDADES.
HERMOSILLO, SONORA. MÉX. pic.twitter.com/6n1HzghiWB— LA NETA DEL PLANETA (@jesuslagunero) November 2, 2025
La orden de cierre total de la cadena en la entidad, instruida directamente al propietario de la franquicia, busca «iniciar una revisión profunda del cumplimiento de cada una de las normas» para garantizar que ningún otro establecimiento ponga en riesgo a la ciudadanía.
La investigación se centra en un transformador privado
Mientras tanto, los trabajos de peritaje continúan este lunes en la zona cero del inmueble colapsado.
El fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que la hipótesis principal apunta a un fallo accidental en un transformador eléctrico ubicado dentro del establecimiento. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya se ha deslindado, aclarando que dicho equipo era propiedad particular de la tienda y no parte de la infraestructura pública.
Actualización de víctimas
Sobre el saldo humano, el fiscal Salas Chávez reiteró que la principal causa de muerte no fueron las quemaduras, sino la inhalación de gases tóxicos.
Hasta la mañana de este lunes, 21 de las 23 víctimas fatales ya han sido formalmente identificadas y entregadas a sus deudos. De las 12 personas que resultaron lesionadas, seis permanecen hospitalizadas; dos de ellas —una joven de 20 años y un adulto mayor de 81— se reportan en estado crítico.
Las autoridades estatales han asegurado que se brindará acompañamiento integral y se buscará la «reparación integral del daño» para todas las familias afectadas.