La violencia que ha sacudido a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en los últimos años ha llegado a un punto crítico que exige más que solo guardias y cámaras de seguridad. Esa es la postura del Congreso de la Ciudad de México, que este miércoles 1 de octubre emitió un exhorto formal a la máxima casa de estudios para que implemente una estrategia de seguridad «innovadora» y con perspectiva social.
La propuesta, impulsada por la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama de MORENA, surge como respuesta directa al asesinato de un alumno el pasado 5 de septiembre, quien fue atacado con un arma blanca por otro estudiante dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur. Este hecho, calificó la legisladora, «evidencia una crisis de seguridad que demanda respuestas integrales».
El llamado del Congreso a la Rectoría de la UNAM pide explícitamente que, además de las medidas tradicionales de vigilancia, se diseñen e implementen acciones enfocadas en «el fortalecimiento del tejido social y la cultura de paz». La clave de esta nueva visión, según el documento, es la participación activa de toda la comunidad: estudiantes, personal académico y, de manera crucial, las familias de los universitarios.
«Es necesario incorporar una perspectiva educativa social innovadora, que aborde las raíces del conflicto», argumentó la diputada Batres Guadarrama. La legisladora señaló que las movilizaciones de universitarios y padres de familia que exigen un entorno seguro son un claro indicador de que la comunidad demanda medidas contundentes que protejan no solo la integridad física, sino también la emocional de quienes viven el día a día en los campus.
Este exhorto, si bien respetuoso de la autonomía universitaria, pone sobre la mesa un debate fundamental: si el enfoque para pacificar los espacios educativos debe ser meramente punitivo y de vigilancia, o si debe apostar por una reconstrucción de los lazos comunitarios para prevenir la violencia desde su origen.