La lucha por la justicia en el caso de Susan Saravia dio un giro decisivo este martes 12 de agosto. Dos de los tres jóvenes acusados de la violación tumultuaria en su contra, identificados como Jorge “N” y Jesua “N”, ambos de 22 años, se entregaron voluntariamente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), poniendo fin a meses de especulaciones sobre su paradero.
La entrega se produce casi cinco meses después de la agresión, ocurrida la madrugada del 31 de marzo, y tras una incansable campaña de la víctima y su familia para visibilizar el caso. Un tercer implicado, Ángel «N», de 20 años, ya se encuentra en prisión preventiva en el Cereso de San Francisco Kobén.
Acompañados por sus madres y abogados, los dos jóvenes se presentaron en las oficinas de la FGE, donde se cumplimentó la orden de aprehensión que pesaba en su contra. En declaraciones a medios, sus familiares afirmaron que la presentación voluntaria busca demostrar su inocencia y que el retraso se debió a que preparaban las pruebas de su defensa, negando cualquier tipo de protección política.
Este desarrollo es un parteaguas en un caso que ha sido bautizado en la opinión pública como ‘La Manada de Campeche’, en una dolorosa alusión al caso de violencia grupal ocurrido en España.
@susansaravia_
«Confiar en un amigo no me hace responsable»
La valentía de Susan Saravia, estudiante de Derecho, ha sido el motor de la investigación. Desde el inicio, ella aclaró las circunstancias del ataque, rompiendo con los estigmas que suelen culpar a las víctimas. «Yo no salí con desconocidos, uno de ellos era mi amigo. Yo lo consideraba mi amigo, confiaba en él. Confiar en alguien no me hace responsable de lo que me hicieron», sentenció en un video que se viralizó a nivel nacional.
El camino no ha sido fácil. La familia de Susan denunció obstáculos y lentitud en el proceso, lo que los llevó a organizar una marcha el pasado 20 de mayo para exigir que las autoridades actuaran.
La Fiscalía de Campeche confirmó en un comunicado que los imputados serán puestos a disposición del órgano jurisdiccional para que se determine su situación jurídica. El siguiente paso será la audiencia inicial, donde se buscará la vinculación a proceso por el delito de violación tumultuaria.
Mientras la justicia sigue su curso, un dato escalofriante revelado por la víctima y su madre permanece en el aire: la posible existencia de al menos otras 11 jóvenes que habrían sido agredidas por el mismo grupo, pero que no han denunciado por temor a represalias.