Fotografía: Un juez federal dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano en contra de Jareth Roberto “H”.
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En un avance significativo para la justicia federal, un Juez de Control vinculó a proceso a Jareth Roberto “H” —identificado como Jareth Roberto Hernández Rojas— por su probable responsabilidad en el homicidio del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, perpetrado el pasado 4 de agosto.

Durante la audiencia celebrada este fin de semana, la FGR, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presentó pruebas contundentes que permitieron al juez establecer la presunta participación del imputado en el crimen. Según la dependencia, datos cruciales hallados en el teléfono celular del detenido lo incriminan de manera directa en el asesinato del alto funcionario.

Como medida cautelar, se le impuso la prisión preventiva justificada, por lo que fue ingresado en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1, «El Altiplano», considerado el penal de máxima seguridad del país, donde permanecerá mientras continúa el proceso en su contra.


La captura y el vínculo con el crimen Organizado

La detención de Jareth Roberto “H” se llevó a cabo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, como parte de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y las Fuerzas Armadas. El sujeto fue localizado en un centro de rehabilitación donde presuntamente se ocultaba.

En el momento de su captura, fue sorprendido en flagrancia en posesión de armas de fuego largas, cargadores, cartuchos y droga, lo que permitió su detención inicial.

La FGR ha señalado que el imputado es un presunto miembro de «Los Metros», una violenta facción del Cártel del Golfo que opera en la región y que está identificada como una de las principales responsables del «huachicol fiscal» (robo y trasiego ilegal de combustible) en la zona. Esta conexión sugiere que el asesinato del fiscal Vásquez Reyna pudo ser una represalia por su trabajo en el combate a las estructuras de la delincuencia organizada.

El juez federal calificó la detención como legal y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el cual el Ministerio Público Federal deberá recabar más elementos de prueba para fortalecer el caso y llevar al imputado a juicio por el homicidio del servidor público.


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