La historia de Manuel Martínez Torres, conocido durante 43 años como “El Copetes” en la colonia Montón Cuarteles, es un poderoso testimonio de cómo la acción gubernamental puede transformar una vida. Vivía en una situación de extrema vulnerabilidad, sin un acta de nacimiento que acreditara su existencia, hasta que su delicado estado de salud activó una respuesta contundente por parte del gobierno municipal de Huixquilucan.
El caso llegó a oídos de la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, quien instruyó una intervención integral. Inicialmente, Manuel fue trasladado al Centro de Rehabilitación Integral contra las Adicciones (CRIA) para tratar sus dependencias. Sin embargo, una valoración médica reveló un problema de salud mayor que requería una cirugía urgente en un hospital de la Ciudad de México. Fue ahí donde la realidad lo golpeó: sin una identidad oficial, el acceso al tratamiento era imposible.
Al ser notificada de este obstáculo, la alcaldesa Romina Contreras coordinó a las direcciones generales de la Mujer y de Servicios Ciudadanos para iniciar de inmediato los trámites que le darían a Manuel el derecho fundamental a un nombre.
“Contar con una identidad legal es de suma importancia, ya que es el primer documento que certifica la existencia de una persona. En Huixquilucan seguiremos apoyando a quienes se encuentran en situación vulnerable para que ejerzan todos sus derechos”, afirmó Romina Contreras. La alcaldesa subrayó que muchas personas viven en un “limbo legal” sin acceso a los beneficios y protecciones del Estado, por lo que su gobierno está comprometido a cerrar esa brecha.
Gracias a esta gestión decisiva, “El Copetes” hoy es, oficial y legalmente, Manuel Martínez Torres. Con su acta de nacimiento en mano, no solo pudo recibir la atención médica especializada que necesitaba, sino que ahora tiene la llave para acceder a todos sus derechos y obligaciones como ciudadano.
Este caso resalta una problemática nacional, pues según datos del INEGI, cerca de un millón de personas en México carecen de registro de nacimiento, lo que les impide conseguir empleos formales, abrir cuentas bancarias o recibir protección legal. La historia de Manuel, impulsada por la administración de Romina Contreras, es un claro ejemplo de cómo la voluntad política puede restaurar la dignidad y cambiar un destino.