Lo que inició como una controversia por el retiro de dos esculturas se ha convertido en una batalla política y legal entre el gobierno federal y capitalino contra la alcaldía Cuauhtémoc. Por un lado, la advertencia tajante de la Presidencia; por el otro, una respuesta que acusa hipocresía y defiende la autonomía municipal.
El primer posicionamiento vino de la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quienes calificaron de ilegal el retiro no autorizado de las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara. «El patrimonio no se subasta. Es una ilegalidad y hay que decirlo claro y con todas sus letras», sentenció Sheinbaum, explicando que la alcaldesa debió solicitar permiso al Comité de Monumentos de la ciudad.
Clara Brugada reforzó el argumento, citando la Ley Orgánica de Alcaldías, que prohíbe enajenar la infraestructura cultural. Anunció que, si la alcaldesa no acata el exhorto del Comité para devolver las piezas, la Contraloría capitalina podría intervenir. El objetivo, afirmaron, es recuperar las esculturas para reinstalarlas en un nuevo «lugar simbólico».
Alessandra responde: acusa ‘doble moral’ y defiende autonomía
La respuesta de la alcaldesa de Cuauhtémoc no se hizo esperar. A través de un videomensaje, lanzó una dura crítica al gobierno de Morena, acusándolo de tener una «doble moral» y de usar el conflicto como una cortina de humo.
«Para ustedes, Díaz Ordaz fue un criminal represor. Entonces, ¿por qué defienden a asesinos como Fidel y el Che? Porque para ustedes, la represión solo es mala cuando no son ustedes quienes la controlan», cuestionó la alcaldesa. Comparó el retiro de estas estatuas con el de Cristóbal Colón, argumentando que siguió «exactamente el mismo procedimiento» que el gobierno de Sheinbaum en su momento.
En su defensa legal, la alcaldesa sostuvo que su actuar se ampara en el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad de México, que consolida la autonomía de las alcaldías. Refutó la interpretación del gobierno sobre la Ley Orgánica, argumentando que «un par de esculturas» no pueden ser consideradas «infraestructura» y que, al haber sido compradas con recursos de la alcaldía, su administración es la que corresponde.
Finalmente, la funcionaria acusó al oficialismo de querer desviar la atención de otros temas nacionales y convirtió su defensa en un llamado a una mayor autonomía municipal. «Si realmente son municipalistas, vayamos juntas por más autonomía. Porque un país donde una sola persona toma todas las decisiones, sin contrapesos, sin balances, está condenado al fracaso», concluyó.
El choque deja sobre la mesa no solo el destino de dos polémicas esculturas, sino un profundo debate sobre los límites del poder, la autonomía de las alcaldías y la gestión del patrimonio público en la capital del país.