La reciente decisión de Uber de incrementar sus tarifas hasta en un 7% ha desatado un enfrentamiento directo con el Gobierno de México. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) lanzó una condena enérgica contra la medida, acusando a la plataforma de transporte de incumplir sus compromisos y de operar bajo un modelo de negocio que «extrae riqueza directamente de los trabajadores».
Uber argumenta que el ajuste es una «actualización necesaria» para cubrir los costos derivados de la nueva reforma laboral y el programa piloto de seguridad social que entró en vigor el 1 de julio, asegurando que el alza no es para beneficio corporativo, sino para «proteger las ganancias actuales de sus socios».
Sin embargo, esta justificación fue rechazada de tajo por la STPS, que calificó el aumento de «unilateral, irresponsable y sin sustento», recordando que la empresa se había comprometido explícitamente a no trasladar los costos de la reforma a usuarios o conductores.
STPS: «Un modelo que extrae riqueza»
El pronunciamiento de la Secretaría del Trabajo fue lapidario, señalando que el alza tarifaria, a solo 15 días de iniciado el programa piloto, viola los acuerdos alcanzados. La dependencia subrayó la vulnerabilidad de los trabajadores de la plataforma, quienes, afirmó, «asumen todos los costos de herramientas y equipos necesarios para desempeñar su labor».
«El Gobierno de México, comprometido con la justicia social y laboral, no tolerará prácticas empresariales que trasladan injustamente costos hacia trabajadores y consumidores bajo falsas premisas», sentenció la STPS en un comunicado.
Profeco advierte: Aumento requiere consentimiento del usuario
A la condena de la STPS se sumó la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que advirtió a Uber que no puede aplicar el incremento de manera automática. La dependencia enfatizó que, por ley, «las y los usuarios deberán dar su consentimiento expreso para aceptar las nuevas condiciones de la tarifa por aplicar».
Profeco recordó que negar la información oportuna sobre un ajuste de precios es una violación a los derechos del consumidor y anunció que, en coordinación con la STPS, desplegará operativos a nivel nacional para verificar y sancionar cualquier política tarifaria que considere irregular o abusiva.
El trasfondo: La histórica reforma para plataformas digitales
Este conflicto surge en el marco de una reforma histórica que busca dignificar el trabajo de más de 650 mil repartidores y conductores en México. El programa piloto, con una duración de 180 días, obliga a plataformas como Uber, DiDi y Rappi a inscribir a sus trabajadores al IMSS y al Infonavit, otorgándoles por primera vez acceso a servicios médicos, pensión, vacaciones y aguinaldo proporcionales.
La reforma fue construida en diálogo con las propias empresas, que se sumaron como «patrones» en este nuevo esquema de aseguramiento. Es precisamente este antecedente el que ha intensificado la molestia del gobierno, que ahora ve el alza de tarifas como una traición a los acuerdos.
La medida de Uber, lejos de ser un simple ajuste financiero, ha puesto a la compañía bajo un doble escrutinio, enfrentando acusaciones de incumplir su palabra con las autoridades laborales y de violar los derechos de los consumidores, en un pulso que definirá las reglas del juego para la economía de plataformas en el país.