Una alarmante realidad sacudió al Congreso de la Ciudad de México: entre 2020 y 2023, el 81.1 por ciento de las personas que murieron por suicidio en el país fueron hombres, y de estas muertes, el 65.6 por ciento ocurrió en personas menores de 40 años.
Estas cifras del INEGI fueron el punto de partida para una mesa de trabajo interinstitucional en materia de Salud Mental y Adicciones, donde legisladores de diversas fuerzas políticas coincidieron en que el marco jurídico actual es insuficiente y se comprometieron a impulsar de manera urgente una nueva ley para la prevención del suicidio.
El Consenso: «La Ley Actual es Insuficiente»
La diputada Valeria Cruz Flores, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso capitalino, calificó las cifras como una llamada de atención que exige acciones inmediatas. «Es indispensable la actualización del marco jurídico y establecer políticas públicas que se enfoquen en la prevención», afirmó.
La propuesta central, que cuenta con el respaldo de legisladores de MORENA, PAN y PVEM, consiste en incorporar un capítulo específico para la atención y prevención del suicidio en la Ley de Salud local. Este nuevo marco, señalaron, debe tener una perspectiva intersectorial que ataque los factores de riesgo sociales como la desigualdad, la pobreza y el desempleo.
La Dimensión Humana y una Propuesta Clave
Más allá de los números, los legisladores abordaron el aspecto emocional de la crisis. La diputada Yolanda García Ortega (PVEM) señaló que detrás de estas decisiones a menudo hay frustración y la necesidad de ser escuchado.
En este sentido, una de las propuestas más concretas y reiteradas durante el foro fue la de la diputada Judith Vanegas Tapia (MORENA), quien externó la necesidad de garantizar la presencia de un psicólogo fijo por turno en todos los centros de salud del país, para fortalecer el primer nivel de atención y detectar los casos a tiempo.
Hacia un Nuevo Marco Jurídico
El diputado Ricardo Rubio Torres (PAN), uno de los principales promoventes de la iniciativa, detalló que se busca crear un sistema de atención coordinado, interinstitucional e interdisciplinario, que involucre no solo a las instituciones de salud, sino también a la comunidad a través de la capacitación y la sensibilización.
El objetivo, coincidieron los participantes, es reconocer el suicidio como lo que es: un grave problema de salud pública que requiere una respuesta contundente, coordinada y, sobre todo, humana.