El gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de duras sanciones financieras en contra de la cúpula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo a su fundador y líder máximo, Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.
La acción, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro este 18 de junio de 2025, designa a otros cuatro altos mandos del cártel. Entre ellos destaca Ricardo Ruiz Velasco, identificado por las autoridades estadounidenses como el principal sospechoso del reciente y mediático asesinato de la influencer mexicana Valeria Marquez.
“El reino de terror del CJNG a través de México y su tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos ha destruido incontables vidas inocentes”, declaró en el comunicado el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien afirmó que su país seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para debilitar la capacidad del cártel.
El caso que acaparó los reflectores en esta designación fue el de Ricardo Ruiz Velasco. Según el Tesoro, este lugarteniente cercano a ‘El Mencho’ es el principal sospechoso del feminicidio de Marquez, su presunta pareja sentimental, quien fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales. El gobierno estadounidense subrayó que este «ataque vicioso» evidencia la brutal prevalencia del feminicidio en México.
Junto a ‘El Mencho’, por quien el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 15 millones de dólares, fueron sancionados:
Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno de Oseguera y considerado un posible sucesor con control en el puerto de Manzanillo.
Gonzalo Mendoza Gaytán, señalado por dirigir brutales campos de reclutamiento y ejecución, como el rancho Izaguirre recientemente descubierto en Jalisco.
Audias Flores Silva, comandante regional en estados clave como Jalisco, Guerrero y Zacatecas.
Las sanciones se emitieron bajo órdenes ejecutivas de combate al narcotráfico y contraterrorismo, reflejando la designación del CJNG como Organización Terrorista Extranjera por parte de EE.UU. en febrero de este año.
Como resultado de esta medida, todos los bienes, propiedades y activos de los cinco individuos que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan congelados. Además, se prohíbe a cualquier ciudadano o empresa de EE.UU. realizar transacciones con ellos, y las instituciones financieras extranjeras que les faciliten operaciones se arriesgan a ser excluidas del sistema financiero estadounidense.