Mareos, confusión, somnolencia y el miedo de haber sido drogado sin saber cómo. Este es el panorama que han enfrentado diversas personas en la Ciudad de México, víctimas de una nueva y sigilosa forma de agresión: los «pinchazos». En respuesta directa a esta problemática que ha sembrado la zozobra, especialmente en el Metro, el Congreso capitalino aprobó hoy una ley para tipificar como delito la administración subrepticia de sustancias.
A partir de ahora, gracias a la adición del artículo 141 Quáter al Código Penal local, esta conducta será castigada con penas que van de dos a cinco años de prisión y de cincuenta a trescientos días de multa. La reforma, impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la diputada del PRI, Tania Larios Pérez, llena un vacío legal que impedía a las autoridades investigar y sancionar de manera efectiva estas agresiones.
«El uso de pinchazos para inmovilizar es un delito cobarde, violento y profundamente invasivo», señaló el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín (MORENA), resumiendo el sentir generalizado en el recinto legislativo. La nueva ley define el delito como la acción de administrar, introducir, suministrar o aplicar cualquier sustancia a una persona sin su consentimiento, de manera oculta o mediante engaño.
La legislación endurece las penas hasta en una mitad si el crimen se comete en el transporte público, si la víctima es parte de un grupo vulnerable (como mujeres, menores de edad o personas con discapacidad), si se usan sustancias tóxicas o si el acto tiene como fin cometer otros delitos, como robo o abuso sexual.
El debate legislativo reflejó un consenso sobre la urgencia de actuar, aunque con matices. Mientras legisladores como Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA) y Jesús Sesma Suárez (PVEM) celebraron la medida como un paso significativo para proteger a la ciudadanía y reafirmar el compromiso con los derechos humanos, voces de la oposición, como Olivia Garza y Federico Chávez Semerena del PAN, argumentaron que las penas podrían ser aún más severas y urgieron a complementar la ley con operativos de vigilancia eficaces y fiscalías especializadas.
Por su parte, diputados de Movimiento Ciudadano como Patricia Urriza y Royfid Torres, si bien apoyaron la tipificación, recalcaron que el problema de seguridad es más amplio y requiere de una solución integral enfocada en la prevención y la modernización del sistema de vigilancia.
Con esta acción legislativa, la Ciudad de México se convierte, en palabras de la diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA), en «una de las primeras capitales de América Latina en tipificar de forma autónoma la administración subrepticia de sustancias», enviando un mensaje claro de que, como dijo la legisladora Diana Sánchez Barrios: «no habrá agresiones sin consecuencias».