La calificadora Moody’s cambió la perspectiva crediticia de México de estable a negativa, señalando que la reforma judicial aprobada recientemente podría debilitar las instituciones del país y generar riesgos económicos y fiscales.
Entre las razones, Moody’s destacó un aumento preocupante en el déficit público y una mayor rigidez en el gasto gubernamental, lo que dificulta la consolidación fiscal. Además, advirtió sobre el impacto potencial de las deudas de PEMEX, que podrían trasladarse al balance del gobierno sin garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo de la petrolera.
Aunque reafirmó la calificación de México en “Baa2”, gracias a la diversidad económica y oportunidades como el nearshoring, Moody’s subrayó que las políticas recientes representan un retroceso en la credibilidad institucional y el equilibrio de poderes.
La degradación de la perspectiva es un recordatorio de que las decisiones de política pública tienen un impacto directo en la confianza internacional y la estabilidad económica del país.