El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) se encuentra nuevamente en el ojo del huracán. Luego de que una investigación del diario El Universal revelara la sustracción de cientos de vehículos y decenas de aparatos electrónicos de sus instalaciones en Veracruz, la dependencia federal rechazó que se tratara de un robo y catalogó el hecho como un «despojo ilegal» perpetrado por una organización sindical.
De acuerdo con la información divulgada por el rotativo, la auditoría 2025-02-OIC-6-HKA-AFC-007 del Órgano Interno de Control (OIC) del propio Instituto, detalló que el incidente ocurrió en el inmueble conocido como «El Sardinero», ubicado en el puerto veracruzano. El saldo de este despojo asciende a 23 millones de pesos, producto de la pérdida de 50 pantallas y 211 vehículos, entre los que destacan camionetas de las marcas Hummer, Jeep y GMC, así como automóviles Honda, todos previamente decomisados por el Poder Judicial.
Ante estas revelaciones, el Indep emitió un comunicado aclarando que los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2020, cuando el Sindicato de Maniobristas, Carretilleros, Cargadores, Abridores y Conexos tomó el predio. La institución aseguró que la propiedad del activo está «plenamente acreditada a favor de la Nación» y presumió una sentencia definitiva favorable, confirmada el 15 de enero de 2025, que ordena la desocupación del lugar.
Además, el organismo destacó que mantiene activa una denuncia penal por el delito de despojo y que agotará «todas las instancias legales para salvaguardar el patrimonio nacional», advirtiendo que los trámites ante la aseguradora continúan para evitar el rechazo del siniestro.
Una dependencia marcada por la polémica
El incidente en «El Sardinero» —donde también se reportó un contenedor entregado por la extinta PGR en 2013 que fue hallado abierto y vacío— es solo el último eslabón en una cadena de controversias que han ensombrecido al Indep desde su creación durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador:
Renuncias y advertencias: A tan solo tres meses de asumir la dirección para «poner orden», el abogado Jaime Cárdenas renunció en septiembre de 2020. En una entrevista concedida al periodista Ricardo Rocha en el programa Detrás de la Noticia, Cárdenas reveló que su salida se debió a su negativa a mantener una lealtad «ciega» y a su insistencia en respetar los procedimientos administrativos, lo cual generó roces con el Ejecutivo.
Joyas mutiladas y falsificadas: Ese mismo año, el noticiero En Punto, conducido por la periodista Denise Maerker, reportó el desvalijamiento de 22 joyas bajo resguardo de la dependencia. Las piezas de oro, diamantes, zafiros y esmeraldas —destinadas a ser subastadas para obra pública— fueron mutiladas o sustituidas por piedras falsas, lo que derivó en denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La red de «moches»: En marzo de 2023, una columna del periodista Carlos Loret de Mola publicada en El Universal, sacó a la luz una presunta red de extorsión operada por José Ángel Anzurez Galicia, entonces encargado de Recursos Materiales del Indep. El funcionario, quien renunció tras el escándalo, fue señalado por exigir a los trabajadores el 30% de sus ingresos, cobros que su esposa presuntamente realizaba desde una cafetería Starbucks.
A pesar de las constantes auditorías e investigaciones periodísticas de medios como El Universal —que también han documentado casos de nepotismo, sueldos fuera de rango y pagos irregulares—, la administración federal anterior minimizó repetidamente los hallazgos, acusando a la prensa de manipulación y sensacionalismo. Hoy, el destino de los 211 vehículos en Veracruz vuelve a poner a prueba la promesa fundacional de la institución: devolverle al pueblo, intacto, lo robado.