En un paso decisivo para la protección de la niñez y adolescencia, el Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad —con 45 votos a favor— una serie de reformas al Código Penal local que incrementan de 12 a 15 años la edad de las víctimas en el delito de estupro. Con esta modificación, los responsables enfrentarán penas que van desde uno hasta cinco años de prisión.
La iniciativa, impulsada por legisladoras de diversas bancadas, tiene como objetivo principal privilegiar el interés superior de la niñez y blindar el desarrollo psicosexual de los menores, reconociendo que a esa edad su capacidad para tomar decisiones aún se encuentra en una etapa de formación.
️ Elevan de 12 a 15 años la edad de las víctimas de estupro.
Más detalles aquí https://t.co/3AMLSP5fVs pic.twitter.com/yTlp4daAVc
— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) March 5, 2026
Estupro vs. abuso sexual: La diferencia legal
Durante la fundamentación del dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga aclaró una de las confusiones legales más comunes: la diferencia entre estupro y abuso infantil.
“El delito de estupro suele confundirse con el abuso sexual. La diferencia principal es que el estupro se comete en contra de personas que ya pueden dar su consentimiento sexual, que generalmente es entre los 12 y 16 años, mientras que el abuso infantil se refiere a conductas cometidas contra menores que aún no tienen esa edad”, detalló la legisladora.
Cifras alarmantes en el entorno familiar
La urgencia de actualizar el tipo penal responde a una dura realidad en el país. Durante la sesión, se expuso que en México, ocho de cada 10 agresiones sexuales contra menores provienen del propio círculo familiar o de personas cercanas a la víctima. Además, las estadísticas revelan que cuatro de cada 10 víctimas tienen menos de 15 años.
Ante este panorama, las modificaciones a los artículos 180, 181 y 181 Bis del Código Penal capitalino no solo endurecen las sanciones, sino que responden a normatividades internacionales y recomendaciones vinculantes para el Estado mexicano en materia de derechos humanos y acceso a la justicia.
El dictamen, construido a partir de propuestas de las diputadas Valentina Batres, Elizabeth Mateos, Yuriri Ayala (MORENA) y Laura Álvarez (PAN), entrará en vigor próximamente. No obstante, el Pleno precisó que los procedimientos penales iniciados antes de este decreto seguirán su trámite bajo las normativas anteriores.
Redactada por: Oralia Galindo