Fotografía: El DIF exige condiciones de vivienda digna ignorando la precariedad estructural de El Chamizal.
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La historia de Liam Gael, el bebé de un año y tres meses «rescatado» de una choza en la colonia El Chamizal, ha destapado una herida profunda en el tejido social mexiquense: la de un Estado que llega tarde para garantizar derechos básicos, pero puntual para separar familias víctimas de su propia falencia estructural.

Mientras las autoridades celebran la intervención policial, el trasfondo revela el drama de Francisco Fajardo, un padre soltero que sobrevive reciclando basura en los márgenes del Río de los Remedios, una zona federal olvidada por las políticas públicas de vivienda y desarrollo urbano.

¿Abandono o supervivencia?

Según reportes de Miriam Vidal, el menor permanece bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF municipal. La narrativa oficial señala que policías municipales, durante un operativo contra el robo de vehículos, escucharon el llanto del niño al interior de una construcción precaria de madera y cartón, cerrada con cadena.

Sin embargo, la realidad de Francisco dista de la negligencia criminal. En testimonios recogidos por el periodista Juan Carlos Gutiérrez (Milenio / Telediario), el padre relató que su ausencia duró apenas 20 minutos. ¿La razón? Tuvo que salir a vender el fierro y material reciclable que había recolectado para poder comprar comida y pañales para Liam.

«El viernes estaba solo y tenía que salir para ir a comprar la comida… dije ‘mejor no me lo llevo porque no se me vaya a caer en el diablito’, como todavía es de brazos», explicó Francisco, quien asegura que jamás encadenó al niño, sino que aseguró la puerta para evitar que alguien entrara.

El Estado exige lo que no provee La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, confirmó que aunque ambos padres ya comparecieron, no existen «condiciones» para el reintegro familiar. El pequeño presenta lesiones en la piel —probablemente por la fauna nociva del lugar— y signos de descuido, aunque no desnutrición severa que ponga en riesgo su vida, según aclaró Edmundo Esquivel, director de prevención del delito, citado por Juan Manuel López (Posta MX).

La paradoja radica en la exigencia institucional: las autoridades piden garantizar un entorno habitable para devolver al menor, una condición imposible de cumplir de inmediato para una familia que habita un asentamiento irregular sin servicios básicos, situación que ha sido tolerada e ignorada por administraciones sucesivas.

Solidaridad ante la ausencia gubernamental

Mientras la Fiscalía investiga y el DIF evalúa perfiles psicológicos, la comunidad respalda a Francisco. Jatziri Santos, vecina de 22 años, desmintió maltrato y narró a Telediario cómo el padre, desde su pobreza, intentaba pagarle por cuidar al niño, algo que ella rechazaba por cariño al menor. «Lo cuidaba, lo bañaba… le compraba hasta su ropita nueva luego. Lo quería como mi hijo», declaró la vecina.

La intervención estatal no solo se llevó a Liam. Elementos de la Policía de Investigación también retiraron a un cachorro chihuahua de mes y medio, mascota de la familia, bajo el argumento de que podría ser foco de infección, dejando a Francisco en un silencio absoluto: sin hijo, sin mascota y sin recursos.

Hoy, Francisco no pide caridad, sino justicia social. Desde su vivienda hecha de desechos, solicita madera, láminas y alimentos para «acreditar» ante el Estado que puede cuidar a su hijo. «El dinero yo me lo gano con mi sudor», sentencia, mientras espera que la burocracia entienda que su único delito ha sido ser pobre en un sistema que castiga la miseria.


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