La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó este miércoles 14 de enero de 2026 una victoria judicial decisiva a la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez. El pleno del tribunal confirmó, por unanimidad, las suspensiones que la protegen de manera indefinida contra los intentos del Congreso de Guerrero y la Auditoría Superior del Estado (ASE) para revocar su mandato y fiscalizarla localmente.
El conflicto legal tiene su origen en la presunta irregularidad en el manejo de 898 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2023. Sin embargo, la Corte determinó que las autoridades estatales no tienen facultades para auditar estos montos, ya que provienen de partidas federales.
Competencia federal, no local
Al resolver los recursos de reclamación interpuestos por el Poder Legislativo local y la auditoría estatal, los ministros declararon infundados los agravios. El proyecto, presentado por el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, estableció que existe la «apariencia del buen derecho» a favor de la alcaldesa.
✅ #ComunicadoSonoro | Hoy la #SCJN:
⚖️ Confirmó que la vía idónea para impugnar normas en materia electoral es la Acción de Inconstitucionalidad.
Validó que los antecedentes penales por delitos graves se mantengan como registros confidenciales, pues la sola permanencia… pic.twitter.com/tfScfd7JmI
— Suprema Corte (@SCJN) January 14, 2026
El argumento central de la Corte es contundente: los fondos en disputa pertenecen al Ramo 33 y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISMDF). Por tanto, la única instancia facultada para fiscalizarlos es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dejando sin efectos legales los intentos de auditoría iniciados por la ASE de Guerrero.
Freno a la revocación de mandato
Estas medidas cautelares, que originalmente fueron concedidas en junio de 2025, paralizan también el procedimiento de revocación de mandato promovido por un ciudadano y respaldado por el Congreso local.
La defensa de López Rodríguez, encabezada por el síndico Miguel Jaimes Ramos, argumentó exitosamente en las controversias constitucionales (174/2025 y 176/2025) que el juicio político local vulneraba la autonomía municipal y el orden competencial, al basarse en una fiscalización que el estado no tenía derecho a realizar.
¿Qué sigue para Acapulco?
Con esta resolución, Abelina López podrá continuar en su cargo sin la amenaza inminente de destitución ni la intervención de la auditoría local, al menos hasta que la SCJN resuelva el fondo de las controversias constitucionales.
Cabe destacar que, aunque la Corte falló a favor de mantener el blindaje a la edil, en uno de los proyectos (a cargo de la ministra Sara Irene Herrerías) se reconoció a la Auditoría Superior del Estado como «autoridad demandada», corrigiendo un criterio previo, lo que le permitirá ser parte en el juicio principal, aunque por ahora, sus manos están atadas para actuar contra la administración acapulqueña.