En un movimiento legislativo clave para la protección de los derechos humanos, el Congreso de la Ciudad de México aprobó este 3 de enero de 2026 una reforma vital destinada a salvaguardar a uno de los sectores más vulnerables de la población: los niños, niñas y adolescentes migrantes.
Ante el creciente flujo migratorio que atraviesa la capital, el pleno avaló el dictamen presentado por la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, el cual adiciona el Capítulo Vigésimo a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX. Esta modificación establece un marco legal específico que obliga al Estado a garantizar la seguridad de los menores en situación de movilidad.
️Garantizan derechos de la niñez migrante en la Ciudad de México.
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— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) January 3, 2026
Una crisis que no admite indiferencia
La diputada Laura Alejandra Álvarez Soto (PAN), encargada de fundamentar el dictamen, subrayó la urgencia de esta medida. Las infancias migrantes no solo enfrentan la incertidumbre del viaje, sino que están expuestas a «riesgos agravados» que incluyen abuso físico y psicológico, explotación, trata de personas y violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales.
“Somos espacio de destino, tránsito y retorno, y en esa dinámica hay niños y adolescentes de México y de otros países que enfrentan condiciones de vulnerabilidad… riesgos específicos que no admiten nuestra indiferencia y mucho menos de las instituciones de gobierno”, sentenció Álvarez Soto durante su intervención.
¿Qué cambia con la ley?
La adición del Capítulo Vigésimo no es solo simbólica; implica obligaciones operativas para las autoridades capitalinas:
Con esta aprobación, la Ciudad de México reconoce su papel geopolítico actual: ya no es solo una ciudad de paso, sino un punto neurálgico donde miles de menores —acompañados o no— buscan refugio o son retornados, y donde el Estado ahora tiene la obligación legal reforzada de protegerlos.