El Congreso de la Ciudad de México aprobó este jueves un paquete de reformas para endurecer significativamente el combate al delito de despojo. Con los cambios, la pena mínima por este ilícito se eleva de 5 a 6 años de prisión y la máxima de 10 a 11 años, además de una multa de 200 mil UMA (Unidad de Medida y Actualización).
La reforma, que modifica los códigos Penal y Civil, así como las leyes Registral y del Notariado, fue impulsada por iniciativas de la Jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada.
Una de las adiciones más relevantes es la tipificación de nuevos métodos de comisión, incluyendo la simulación de actos jurídicos y la suplantación de identidad, herramientas frecuentemente usadas por los defraudadores para apropiarse de inmuebles.
️ Incrementan penas al delito de despojo.
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— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) November 13, 2025
Protección a vulnerables y cifras alarmantes
El dictamen establece un agravante clave: la pena se incrementará de 7 a 11 años de cárcel si el despojo se comete en contra de personas mayores de 60 años, personas con discapacidad, menores de edad, mujeres embarazadas o miembros de comunidades indígenas.
Durante la sesión, el diputado panista Diego Garrido López expuso la gravedad del problema al señalar que en los últimos siete años se acumularon 29 mil carpetas de investigación por despojo, lo que equivale a un promedio de «12 despojos al día en esta ciudad».
En la misma línea, la legisladora Daniela Álvarez Camacho (PAN) alertó sobre la impunidad, detallando que de 21 mil carpetas existentes, «sólo el uno por ciento han sido judicializadas».
Al fundamentar el dictamen, la congresista María del Rosario Morales Ramos (Asociación Parlamentaria Progresista) definió el despojo como «arrebatarle a una persona el hogar donde construyó su historia», y destacó que el Gabinete de Seguridad de Clara Brugada ha logrado devolver 196 inmuebles a sus legítimos propietarios.
La reforma recibió un amplio respaldo de distintas fuerzas políticas, incluyendo MORENA, PRD, PT y PVEM, quienes coincidieron en que la medida fortalece el marco jurídico contra una «herida profunda a la dignidad de las personas» y una «de las formas más crueles de violencia patrimonial».
Redactada por: Alfredo Vázquez