El futuro legal del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya no se definirá en tribunales locales, sino en la instancia más alta del país. En una reñida sesión este miércoles, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió, por una ajustada votación de cinco a cuatro, atraer el caso y tomar la última palabra sobre la orden de aprehensión que pesa en su contra.
La Corte resolverá de manera definitiva si la orden de captura por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita debe seguir vigente o ser cancelada, poniendo fin a un laberinto judicial que ha durado años.
Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer el Amparo en Revisión 54/2024, para determinar si debe ejecutarse la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca,… pic.twitter.com/gKoYLad8yo
— Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) October 8, 2025
La intervención de la SCJN se produce a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que ha visto sus esfuerzos frustrados en instancias inferiores. El caso se encontraba en un punto muerto después de que una jueza de distrito en Tamaulipas concediera un amparo al exmandatario panista, argumentando que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para sostener las acusaciones.
Este amparo, que ordenaba dejar sin efectos la orden de captura girada en octubre de 2022, fue el último de una serie de resoluciones judiciales que la FGR ha calificado como «notorias irregularidades», sugiriendo la existencia de un entramado de protección judicial para el exgobernador.
Según la carpeta de investigación de la Fiscalía, Cabeza de Vaca habría participado en una compleja red para lavar dinero a través de empresas fachada. Entre las acusaciones destaca el presunto desvío de más de 105 millones de pesos en contratos de obra pública otorgados a compañías de las que él mismo era accionista. Uno de los ejemplos citados es la compraventa de un departamento de lujo que, según las autoridades, fue adquirido en 12 millones de pesos y revendido en 40 millones a una empresa proveedora de su propio gobierno.
La decisión de la Suprema Corte no solo determinará si el exgobernador, quien se encuentra fuera del país, deberá enfrentar a la justicia mexicana, sino que también sentará un precedente crucial sobre el alcance de los amparos en casos de corrupción de alto nivel y la capacidad del Estado para procesar a exfuncionarios.