La opacidad en el manejo de los recursos del PRD en la capital ha encendido las alarmas en el Congreso de la Ciudad de México. A iniciativa de la diputada Nora Arias Contreras, el pleno legislativo ha lanzado un enérgico llamado a la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCDMX) para que informe de manera inmediata sobre el estatus de la auditoría a las finanzas del partido durante los ejercicios 2023 y 2024.
Esta exigencia surge tras casi un año de silencio por parte del órgano fiscalizador, luego de que el Congreso aprobara dos puntos de acuerdo previos —en septiembre y noviembre de 2024— para solicitar una investigación exhaustiva sobre el destino de los fondos públicos del Sol Azteca en la capital.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora Nora Arias expresó una profunda preocupación por la ausencia de «una respuesta concreta», calificando de inaceptable que la ASCDMX no haya resuelto la petición después de que se cumplieran todos los procedimientos legales.
«Es obligación de esta instancia revisar el correcto uso de los recursos públicos que son de todas y todos los capitalinos», sentenció Arias Contreras. En un tono enérgico, la diputada advirtió que la Auditoría «no puede ni debe guardar silencio, ni retrasar sus resoluciones, mucho menos utilizar el tiempo como excusa para dejar en la incertidumbre una legítima petición».
La coordinadora de la asociación parlamentaria Izquierda Liberal recordó que el PRD ha sido históricamente un partido que ha abanderado la lucha por la democracia y la rendición de cuentas. Por ello, insistió en que no se puede tolerar la omisión por parte de las autoridades.
«El silencio de la Auditoría de la Ciudad de México no sólo alimenta la sospecha, sino que da paso a la complicidad, dejando abierta la puerta a la manipulación», afirmó contundentemente.
Finalmente, Nora Arias hizo un llamado a preservar la integridad de las instituciones capitalinas, señalando que la ciudad, como referente de derechos y libertades, no puede permitir que sus organismos actúen con «discrecionalidad y sesgo partidista». La exigencia es clara: transparencia y certeza sobre el uso del dinero público.