La educación en México enfrenta desafíos históricos en materia de equidad, calidad y acceso. Ante las carencias del sistema público, las escuelas particulares se han consolidado como una alternativa para miles de familias que buscan mejores condiciones de aprendizaje para sus hijos, aunque con ello se amplía la brecha entre quienes pueden pagar y quienes no. La ideologización educativa impuesta por los gobiernos de la 4T provocó una pobreza de conocimientos en las escuelas oficiales y dejó de ser semillero de alumnos competitivos que se convertirían en futuros destacados profesionistas. La educación pública solo prepara hoy mano de obra barata y deja la educación de calidad en manos de los colegios particulares.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el ciclo escolar 2024-2025 más de 5.6 millones de alumnos cursan sus estudios en instituciones privadas, lo que representa alrededor del 14 por ciento de la matrícula total del estudiantado. Esta cifra ha ido en aumento durante la última década, impulsada por la percepción de una educación más personalizada y con mejores recursos tecnológicos.
Sin embargo, especialistas advierten que el crecimiento del sector privado también refleja un deterioro de la confianza en las escuelas públicas, donde los problemas de infraestructura, la falta de materiales y los bajos resultados en evaluaciones nacionales -ya no diga en los internacionales como la prueba PISA-, son comunes.
Las escuelas particulares no debieran ser vistas como una competencia, sino complemento del sistema educativo, señaló a este columnista el académico Antonio Luna Campos, quien resaltó que el reto es garantizar que la calidad educativa no dependa del poder adquisitivo de las familias.
El auge de las escuelas privadas también ha transformado su perfil. Mientras algunas mantienen cuotas altas y modelos exclusivos, otras ofrecen costos accesibles y programas mixtos. Aun así, la desigualdad educativa persiste.
Cabe mencionar, que, a pesar de los beneficios de la educación privada, esta se ha visto amenazada por una ligera disminución en su matrícula, ya que el gobierno federal otorga muchas prestaciones a niños y jóvenes como uniformes, mochilas, ciertos útiles, dinero y hasta el incentivo de no ser reprobados a pesar de su bajo rendimiento, lo que ocasiona que su padres decidan que sus hijos permanezcan en dichos planteles, aunque no adquieran conocimientos ni finquen las bases sólidas de una preparación universitaria que les permita ser absorbidos por un mundo globalizado más competitivo.
La mayoría de los alumnos estudian en planteles públicos con recursos muy limitados, una educación escasa y acientífica porque los desafíos como la capacitación docente, la actualización de planes de estudio y la inversión en infraestructura no están contemplados en los planes sexenales ni en los presupuestos de los gobiernos. Urge cerrar la brecha entre los sistemas educativos públicos y privados. Pero el proyecto político de la 4T no visualiza la educación de calidad ni el apoyo a la ciencia y la tecnología, porque su prioridad es concentrar los recursos en las dádivas electorales que se dispersan a través de los programas asistencialistas. Lamentablemente, la educación pública en México no forjará a los profesionistas del futuro, sino obreros mal pagados. Ojalá pronto lleguen gobiernos que cuenten en sus gabinetes con nuevos Justo Sierra, José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez o Jesús Reyes Heroles. El país lo merece y necesita.
Apostilla: El gobierno de la autollamada 4T no solo queda a deber en materia educativa, sino en seguridad. En la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI se informó que el 63 por ciento de los mexicanos se sienten inseguros en su localidad y, en el caso de las mujeres, la cifra se elevó a 68.2 por ciento; en septiembre del año pasado, el indicador nacional estaba en 58.6 por ciento, 4.4 por ciento menos. Culiacán, Irapuato, Chilpancingo, Ecatepec y Cuernavaca son las ciudades con mayor percepción de inseguridad; la capital sinaloense destacó con 88.3 por ciento. Por su parte, la OSC México Evalúa dio a conocer que, de enero a septiembre de 2025, 17 estados de la República mostraron cifras preocupantes de violencia letal, ranquean en los primeros lugares Baja California, Sinaloa, Morelos, Guanajuato y Quintana Roo. Todavía hay retos importantes en la agenda de seguridad, como reducir los homicidios dolosos, la violencia política, las desapariciones forzadas, la extorsión y el narcomenudeo. Urge que regrese la paz y la tranquilidad social.