La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha vuelto a aplazar una decisión crucial que podría costar al erario hasta 250 mil millones de pesos. Por segunda vez este año, el Pleno de ministros retiró de su agenda la discusión de un proyecto que busca definir si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede cobrar un polémico doble Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las empresas maquiladoras del país.
El asunto, que estaba programado para resolverse este jueves 2 de octubre, fue retirado sin fecha definida para su reprogramación. La resolución busca unificar el criterio legal sobre el cobro de IVA a mercancías que, bajo el programa IMMEX, son importadas temporalmente para su manufactura y que, en lugar de ser exportadas, se comercializan en territorio nacional mediante una figura conocida como «retorno virtual».
El proyecto, elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, proponía generar una jurisprudencia favorable a la postura del SAT, lo que daría luz verde a la autoridad fiscal para exigir el pago del impuesto. Sin embargo, el sector maquilador ha calificado esta medida como una «doble tributación» injusta que podría afectar su competitividad.
La controversia escaló en febrero pasado, cuando la ministra Lenia Batres Guadarrama solicitó el primer aplazamiento del caso, advirtiendo sobre el gigantesco impacto presupuestal. «El impacto que se nos comentó (…) es altísimo, calculan que por lo menos 46 mil millones de pesos podrían estar implicados, pero hacen cálculos hasta de más de 250 mil millones de pesos por efecto de la devolución», argumentó Batres en aquella sesión.
A raíz de esta advertencia, en marzo, la propia Corte ordenó a todos los tribunales y juzgados federales del país congelar la resolución de cualquier amparo relacionado con este tema, buscando garantizar la seguridad jurídica hasta que el máximo tribunal emita un criterio definitivo.
Mientras la decisión sigue en suspenso, la incertidumbre prevalece tanto para el gobierno, que busca asegurar una recaudación multimillonaria, como para la industria maquiladora, que enfrenta una posible carga fiscal que considera indebida.