En una sesión calificada como histórica pero plagada de controversia sobre la verdadera protección al trabajador, el Senado de la República aprobó este miércoles la reforma al artículo 123 de la Constitución Política para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Sin embargo, el dictamen deja un sabor agridulce en la clase trabajadora: el beneficio no será inmediato, sino que se aplicará «a goteras» hasta el año 2030, y no asegura explícitamente dos días de descanso obligatorios a la semana en el corto plazo.
El Pleno avaló las modificaciones con una mayoría calificada de 121 votos a favor en lo general; mientras que en lo particular se registraron 103 votos a favor y 15 en contra, estos últimos provenientes de legisladores que exigían una aplicación inmediata y clara de los días de descanso. La minuta ha sido remitida a la Cámara de Diputados para su revisión.
El costo de la gradualidad: Un beneficio postergado
Aunque el discurso oficial celebra la «primavera laboral», la realidad plasmada en el artículo tercero transitorio impone una larga espera para los trabajadores que hoy salen de casa antes del amanecer y regresan de noche. La reducción de la jornada no se sentirá en 2026 (donde se mantendrán las 48 horas como transición). El cronograma aprobado estipula:
Geovanna Bañuelos de la Torre, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social (PT), defendió el proyecto argumentando que “trabajar más horas no significa trabajar mejor” y que el objetivo es devolver tiempo de vida a los empleados para mejorar su salud física y emocional. “Trabajar menos no es producir menos, sino vivir mejor”, enfatizó la legisladora.
Sin embargo, desde la oposición, las críticas fueron feroces respecto al «costo» social de esta dilación. Cristina Ruiz Sandoval (PRI) lanzó uno de los reclamos más contundentes al señalar que el proyecto mide el descanso en horas y no en días, lo cual no resuelve la precariedad de la vida diaria:
“Trabajar seis días no es descanso, aunque le cambien el nombre. Siguen siendo seis traslados, seis camiones, seis metros, seis comidas, seis días fuera de casa… Lo que quiere el pueblo es cinco días de trabajo y dos días de descanso; aprobar lo contrario es mentir”, sentenció Ruiz Sandoval.
Horas extra y candados económicos
La reforma establece que la reducción de jornada no podrá implicar, bajo ninguna circunstancia, una disminución en el salario o prestaciones. Además, endurece las reglas del tiempo extraordinario:
Pese a esto, Clemente Castañeda (MC) advirtió que la propuesta “no cumple con las demandas de los trabajadores”, pues un solo día de descanso es insuficiente para la recuperación física y la convivencia familiar. Marko Cortés (PAN) coincidió en que es un paso correcto para alinearse a estándares internacionales, pero calificó la reforma como un acto de “justicia a medias”, criticando que el 55% de la fuerza laboral en la informalidad no verá ningún beneficio y que la espera hasta 2030 es excesiva.
Un país exhausto
El contexto de esta reforma es urgente. Según datos de la OCDE citados durante el debate, México es el país donde más horas se trabaja al año (más de 2,100), con los niveles más altos de estrés laboral y una productividad que no corresponde al esfuerzo físico invertido.
Enrique Inzunza Cázarez (Morena) aseguró que esta modificación es un paso hacia la consolidación del «Estado de Bienestar», recuperando la tradición social de la Constitución de 1917. Por su parte, el morenista Óscar Cantón Zetina intentó zanjar la polémica de los días de descanso con aritmética simple: “¿Cuánto es ocho horas de jornada por cinco días? 40, ¿no?”, argumentando que la reducción de horas derivará naturalmente en los dos días de descanso, aunque el texto constitucional aprobado mantenga la redacción de «por cada seis días de trabajo, deberá disfrutar de uno de descanso».
Lo que sigue
Mientras el oficialismo celebra que se ha puesto a México a la vanguardia —aunque sea con un desfase de décadas—, y la oposición advierte que se está dando «gato por liebre», la reforma ahora enfrentará su siguiente aduana en San Lázaro.
En la calle y en las redes, la pregunta persiste para los millones de trabajadores mexicanos: ¿Vale la pena celebrar una promesa de bienestar que tardará cinco años en cumplirse totalmente? Por ahora, la Constitución dirá 40 horas, pero la realidad de las fábricas y oficinas seguirá marcando 48 hasta nuevo aviso.