En una carrera contra el reloj judicial, la defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, logró aplazar por tercera ocasión la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) pretende imputarle un nuevo cargo por peculado. Este movimiento ocurre a tan solo dos meses de que el político cumpla su condena actual, lo que mantiene en vilo su posible libertad.
La mañana de este lunes, en los juzgados del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor determinó diferir la diligencia. La razón: la ausencia de los abogados titulares de Duarte, Pablo Campuzano y Gerardo Hope, quienes presentaron justificantes médicos alegando hospitalizaciones por un tumor pancreático y una infección renal, respectivamente.
Ultimátum judicial
Aunque el juez aceptó la justificación, mostró escepticismo ante el patrón de retrasos. «Prevalece la sistemática inasistencia de la defensa con efectos dilatorios, eso se me hace muy raro», comentó Aquiles Villaseñor durante la sesión.
Ante esto, el juzgador fijó una fecha improrrogable: la audiencia se retomará este jueves 12 de febrero a las 09:15 horas. Advirtió que, de no presentarse los litigantes privados, se asignará inmediatamente un defensor de oficio para evitar que el proceso siga estancado. Duarte, quien lució tranquilo y con las manos entrelazadas, rechazó de entrada ser representado por la defensoría pública, apelando a su derecho a una defensa de confianza.
⚖️La Fiscalía General de la República (FGR) informó que pretende imputar al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el delito de peculado El caso se centra en el presunto desvío de 5 millones de pesos.#FórmulaNoticias con Juan Becerra Acosta (@juanbaaq). pic.twitter.com/UkLke34ygy
— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 10, 2026
El «Plan B» de la Fiscalía
La insistencia de la FGR tiene un motivo cronológico crítico. Javier Duarte purga actualmente una condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, la cual concluye el próximo 15 de abril de 2026. Si no se le vincula a proceso por una nueva causa antes de esa fecha, el exmandatario podría abandonar el reclusorio.
La nueva imputación que la Fiscalía busca formular es por el presunto desvío de 5 millones de pesos federales ocurrido en 2012. Según la investigación, estos recursos, que debían dirigirse a un fondo de apoyo para personas con discapacidad, desaparecieron de las arcas estatales.
Riesgo de permanencia
El delito de peculado que se le imputa contempla una pena máxima de hasta 14 años de prisión. De lograrse la vinculación a proceso esta semana, es altamente probable que el juez dicte prisión preventiva justificada, dado que Duarte carece de domicilio en la Ciudad de México y cuenta con antecedentes de fuga (fue detenido en Guatemala). Esto «blindaría» su permanencia en la cárcel más allá de abril, frustrando su libertad inminente.