Fotografía: Prevén una segunda fase para desalojar otras 3 mil unidades y miles de motocicletas abandonadas.
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La desaparición de Nicole Pardo Molina, la influencer conocida como «La Nicholette», ha escalado a un asunto de seguridad nacional. El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmaron su intervención directa y colaboración con las autoridades de Sinaloa para dar con el paradero de la joven de 20 años.

Tras el «levantón» ocurrido el pasado martes en el sector residencial Isla Musala, el cual quedó registrado por las cámaras de seguridad de la camioneta Tesla Cybertruck de la víctima, las fuerzas federales han desplegado un operativo especial de búsqueda e inteligencia.

Movilización militar

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que los altos mandos del Ejército en la zona ya han tomado cartas en el asunto. “El Ejército ahí mismo, tanto el general Briseño como el general Soto, tomaron medidas para ese caso”, declaró el mandatario, subrayando la coordinación inmediata entre el estado y la federación.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se mantiene una «coordinación permanente» con la Fiscalía local para fortalecer las labores de rastreo, dado el alto perfil mediático del caso y el contexto de violencia que atraviesa la entidad.

Inteligencia federal revela líneas de investigación Más allá del operativo en terreno, la inteligencia federal ha comenzado a arrojar luz sobre las posibles causas del plagio. Según reportes del Gabinete de Seguridad, se indaga la actividad comercial de Pardo Molina a través de su sitio «Nicholette Shop».

Las autoridades federales detectaron que la influencer, quien cuenta con doble nacionalidad, comercializaba artículos —como gorras— con referencias directas a Joaquín Guzmán Loera y a la facción de «Los Chapitos».

Esta línea de investigación cobra fuerza ante las versiones que circulan en redes sociales, las cuales atribuyen la autoría del secuestro al grupo rival, «La Mayiza», aunque la SSPC recalcó que esto forma parte de las indagatorias en curso y aún no es una conclusión oficial.

La evidencia tecnológica

El caso atrajo la atención de las corporaciones federales luego de que se viralizara el video captado por el vehículo eléctrico de la víctima. La SSPC detalló la mecánica de los hechos corroborada por estas imágenes: tres hombres armados a bordo de un sedán blanco, con reporte de robo, utilizaron «ponchallantas» para interceptar a la joven antes de obligarla a subir a su unidad por la fuerza.

Mientras el Protocolo Alba sigue activo, las fuerzas castrenses mantienen el cerco en Culiacán, buscando no solo recuperar a la víctima, sino evitar que este hecho recrudezca la pugna entre grupos delictivos en la capital sinaloense.


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