El colectivo «Pena Sin Culpa» escaló su lucha contra la prisión preventiva oficiosa este jueves al presentar una solicitud formal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir que las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González sean excluidas de la discusión sobre esta controversial medida cautelar.
La petición, encabezada por el activista Daniel García Rodríguez —quien pasó 17 años en prisión sin recibir una sentencia—, argumenta que ambas ministras han emitido opiniones previas que configuran un prejuzgamiento del caso, lo que compromete la imparcialidad requerida para resolver el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Simón Hernández León, abogado del caso, detalló que el impedimento contra la ministra Estela Ríos se fundamenta en su rol como Consejera Jurídica de la Presidencia en 2022, desde donde defendió activamente la permanencia de la prisión preventiva oficiosa. «Eso ya es un prejuzgamiento de su parte, ya decidió una posición», afirmó el litigante.
En el caso de Yasmín Esquivel, el colectivo recordó sus polémicas declaraciones durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2022. En dicho evento, la ministra se refirió a García Rodríguez y Reyes Alpízar como «pobres angelitos» y sugirió que su larga estancia en prisión era justificada, adelantando un juicio de culpabilidad. «Manifestó que ‘qué bueno que hayan estado 16 años en prisión'», señaló Hernández.
Una lucha por la justicia y la transparencia
La visita del colectivo a la SCJN no solo busca la recusación de las ministras, sino también instar al Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, a reactivar el cumplimiento de la resolución de la CorteIDH, que declaró la prisión preventiva oficiosa como una medida contraria a las convenciones internacionales de derechos humanos.
La organización Pena sin Culpa pidió a la SCJN excluir a las ministras Ríos González y Esquivel Mossa de la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, al considerar que ambas ya se pronunciaron sobre el tema y podrían prejuzgar el caso.https://t.co/ELce3I708F pic.twitter.com/ofjzi0XelB
— Mexiquense (@MexiquenseTV) October 9, 2025
Para ello, solicitaron la implementación de una audiencia pública, una nueva figura en la Corte que permitiría un diálogo abierto con organizaciones civiles, familiares de víctimas, colegios de abogados, universidades y organismos como la ONU-DH México. El objetivo es enriquecer la discusión y visibilizar los devastadores efectos de una medida que, según cifras del colectivo, mantiene a más de 43,000 personas tras las rejas sin haber recibido una sentencia.
Daniel García Rodríguez fue enfático al señalar las consecuencias de esta figura. “Hoy en día, la prisión preventiva oficiosa se ha convertido en una herramienta de extorsión. El Ministerio Público se ha convertido en el fiscal y en un juez, sin necesidad de que un indiciado tenga la revisión de un órgano jurisdiccional», denunció.
Con esta acción, «Pena Sin Culpa» busca no solo justicia para un caso emblemático, sino sentar un precedente que garantice que las decisiones de la máxima corte del país se tomen con total objetividad y en estricto apego a los derechos humanos.