Fotografía: La Coparmex Monclova y grupos de extrabajadores advierten que saldar la deuda laboral de 700 mdd debe ser la prioridad absoluta.
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El síndico del concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (Minosa), Víctor Manuel Aguilera Gómez, presentó ante un juzgado federal una nueva propuesta para la venta de ambas empresas como unidad productiva. Ante este escenario, tanto el sector empresarial como los extrabajadores fijaron una postura inquebrantable: el pago de liquidaciones y salarios caídos debe ser la máxima prioridad del proceso de rescate.

Mario Coria Rohell, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región, subrayó que es indispensable garantizar los derechos laborales por encima de cualquier otro interés financiero. Aunque aún se desconocen los detalles técnicos del documento entregado por el síndico, el líder patronal insistió en que, si bien la conservación de la empresa es vital para la economía local, “la prioridad número uno debiera ser el pago que deben recibir los trabajadores”.

Por su parte, la base obrera ha llevado su paciencia al límite. Juan Lucio Peña, exoperario de la Siderúrgica 1, advirtió que de no recibir información oficial clara para este miércoles, comenzarán a organizar movilizaciones a gran escala, metiendo presión antes de los días inhábiles de Semana Santa. De acuerdo con reportes de El Coahuilense, la falta de resolución legal ha prolongado una profunda crisis que golpea severamente la economía de miles de familias en la región.

La magnitud del conflicto no es menor. Según Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, el adeudo con la plantilla asciende a 700 millones de dólares, una cifra que supera con creces los reclamos de varios acreedores particulares.

Cabe recordar que la primera subasta, programada para el pasado 27 de febrero, fue declarada desierta por la jueza rectora del proceso, Ruth Haggi Huerta. Esto ocurrió tras el incumplimiento de los requisitos por parte del consorcio conformado por Ignition Industries 1870 y Fintech Latam, y por el bloqueo directo de acreedores como Banco Afirme y Cargill, quienes poseen créditos con garantía prendaria y concentran el 46 por ciento de la deuda reconocida (más de 45 mil 170 millones de pesos).

Pese a los constantes obstáculos, Torres Ávalos reveló que la Secretaría de Hacienda ya interviene directamente en las negociaciones con los acreedores institucionales para destrabar la venta. La expectativa ahora recae en que la jueza emita una pronta resolución sobre las nuevas bases para evitar que esta segunda subasta vuelva a fracasar, asegurando por fin el patrimonio de los obreros.


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