La puerta de salida del Reclusorio Norte, que parecía abrirse para Javier Duarte de Ochoa el próximo 15 de abril, se ha cerrado de golpe. En una audiencia maratónica de casi siete horas, un juez de control federal dictó prisión preventiva justificada contra el exgobernador de Veracruz, tras ser imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto desvío de 5 millones de pesos.
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Este nuevo revés judicial pone en jaque la libertad del político priista, quien está a punto de compurgar su sentencia original de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Cinco millones robados al Fondo para Personas con Discapacidad. Eso es lo que hoy vuelve a imputar la @FGRMexico al ex gobernador priista @Javier_Duarte. No es desliz: es miseria moral.
Por este delito podría enfrentar hasta 14 años más de prisión. Tal vez más años tras las… pic.twitter.com/HdajaBD1JD
— Miguel Arzate (@MiguelArzateR) February 13, 2026
La acusación: dinero de los vulnerables
El Ministerio Público presentó una nueva carpeta de investigación que señala a Duarte como la cabeza de una red de funcionarios que, entre 2012 y 2014, habría triangulado recursos federales. Específicamente, se le acusa de desviar 5 millones de pesos del Fondo para Apoyo a Personas con Discapacidad, dinero que debía llegar a la Casa del Niño «Manuel González Zamora» en Boca del Río y a una Casa del Adulto Mayor en Xalapa.
Según la FGR, respaldada por 38 datos de prueba —incluido el testimonio de Antonio Tarek Abdalá, extesorero de Veracruz—, los fondos se utilizaron para pagar salarios burocráticos y se mezclaron indebidamente con cuentas estatales para obtener beneficios ilícitos.
«No soy político, soy juez»: El choque en la audiencia
El ambiente en el Centro de Justicia Federal fue tenso. La defensa de Duarte intentó diferir la audiencia por cuarta ocasión, argumentando falta de preparación, pero el juez Gustavo Aquiles Villaseñor rechazó la táctica dilatoria.
Duarte, visiblemente molesto, tomó la palabra en cuatro ocasiones. Calificó las pruebas de la Fiscalía como «una bola de sandeces» y lanzó una acusación directa:
«La instrucción es que Javier Duarte no salga de prisión. Pónganle lo que sea, fabríquenle lo que sea… el Poder Judicial es un instrumento político del Estado. El tema de fondo es que no salga de la cárcel».
La respuesta del juzgador fue contundente al dictar la medida cautelar. Villaseñor argumentó que su decisión no obedecía a presiones políticas, sino a datos objetivos de riesgo de fuga, citando el antecedente de octubre de 2016, cuando Duarte huyó en helicóptero a Guatemala.
«Las cuestiones políticas escapan de mi función. Creo todavía en la independencia del Poder Judicial. El dato objetivo es que usted fue detenido en Guatemala y hubo necesidad de extraditarlo; la pena de este nuevo delito es elevada y un aliciente para evadirse», sentenció el juez.
Lo que sigue
La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la situación jurídica del exmandatario se definirá el próximo martes 17 de febrero a las 10:00 horas. Si el juez decide vincularlo a proceso, Javier Duarte permanecerá recluido indefinidamente mientras enfrenta este nuevo juicio por peculado, delito que podría sumar hasta 14 años más a su estancia en prisión, disipando cualquier esperanza de libertad inmediata.