En lo que ha sido calificado por las centrales obreras como el ataque más brutal a la clase trabajadora en cincuenta años, el Senado argentino otorgó media sanción a la controvertida reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La votación, que concluyó con 42 votos afirmativos y 30 en contra tras más de 13 horas de debate, se dio en un contexto de extrema violencia institucional: mientras los legisladores levantaban la mano, las fuerzas de seguridad desataban una cacería contra miles de manifestantes que defendían sus derechos en las calles.
El fin de la jornada de 8 horas y el salario digno
Bajo el eufemismo de «modernización», el articulado aprobado desmantela la Ley de Contrato de Trabajo vigente. El punto más crítico es la instauración del «banco de horas», un mecanismo que permite a los empleadores extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias sin la obligación de pagar horas extras con los recargos del 50% o 100%. Los sindicatos denuncian que esto elimina la vida personal del trabajador y su previsibilidad, dejándolo a merced de las necesidades de producción de la empresa.
La crueldad de la norma se extiende a la salud: si un trabajador enferma o sufre un accidente fuera del horario laboral, ya no cobrará su sueldo completo. La reforma recorta la percepción salarial al 75% e incluso al 50% si la patronal considera que la lesión ocurrió en una «actividad riesgosa voluntaria», trasladando el costo de la enfermedad al empleado y empujándolo a trabajar incluso en condiciones de salud precarias.
Hoy con la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, #Argentina retrocedió 100 años pic.twitter.com/6PRAaqsD00
— Jorge Barrientos (@jorgebarrivivas) February 13, 2026
Despidos más baratos y precarización
El proyecto, celebrado por la Unión Industrial Argentina (UIA) y el FMI, ataca también la estabilidad laboral. Se modifica el cálculo de indemnizaciones excluyendo aguinaldos y bonos, lo que licúa el monto final que recibe un despedido. Además, se crea el «Fondo de Asistencia Laboral» (FAL), un sistema de «autoseguro» que, según expertos gremiales, facilita la desvinculación sin costo para el empresario, convirtiendo al trabajador en material descartable.
Batalla campal y criminalización de la protesta
La respuesta del Estado ante el reclamo social fue la represión. Un operativo desproporcionado con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma dejó un saldo de más de 300 heridos y, según reportes de agencias internacionales como France 24, al menos 43 detenidos.
Lejos de llamar al diálogo, el gobierno libertario, a través de funcionarios como Manuel Adorni y el propio presidente Milei, calificó a los trabajadores movilizados de «terroristas» y «delincuentes», celebrando el accionar represivo en redes sociales mientras la plaza del Congreso ardía. «No es modernización, es ajuste y transferencia de recursos de los pobres a los ricos», sentenciaron desde la CGT, anticipando que la lucha continuará ahora en la Cámara de Diputados, donde se definirá si Argentina regresa a condiciones laborales del siglo XIX.
Créditos y Fuentes
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