En lo que representa el giro más drástico en la política medioambiental de Estados Unidos en las últimas décadas, el gobierno del presidente Donald Trump anunció este martes que derogará oficialmente el «Dictamen de Peligrosidad» (Endangerment Finding) de 2009. Esta normativa, herencia de la administración de Barack Obama, ha servido durante 16 años como el cimiento legal para regular las emisiones contaminantes en el país.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó en rueda de prensa que el mandatario formalizará la rescisión del texto el próximo jueves 12 de febrero, acompañado por Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
American scientists have historically been leaders in the collection and analysis of data on climate change. These projects are now under threat https://t.co/KgXJ1fdH5Z
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— The Economist (@TheEconomist) February 7, 2026
«Esta será la mayor acción desregulatoria en la historia de Estados Unidos y le ahorrará al pueblo estadounidense 1,3 billones de dólares en regulaciones asfixiantes», declaró Leavitt, enfatizando el enfoque económico de la actual administración sobre la agenda climática.
El fin de una era regulatoria
El dictamen en cuestión, emitido por la EPA en 2009 tras una sentencia de la Corte Suprema (Massachusetts vs. EPA, 2007), concluyó científicamente que seis gases de efecto invernadero —incluidos el dióxido de carbono y el metano— ponen en peligro la salud y el bienestar públicos al impulsar el cambio climático.
Según análisis recogidos por The New York Times y firmados por las periodistas Lisa Friedman y Maxine Joselow, la revocación de este hallazgo no es un simple trámite burocrático: elimina la autoridad legal del gobierno federal para imponer límites a las emisiones de tubos de escape, centrales eléctricas y refinerías. Sin este dictamen, la Ley de Aire Limpio pierde su «dientes» para actuar contra el calentamiento global.
Reacciones y contexto
La medida es el resultado de una estrategia de largo plazo impulsada por activistas conservadores y exfuncionarios de la primera administración Trump, como Russell Vought y Jeffrey Clark, quienes han calificado las normas climáticas como un obstáculo para la economía, según reportes de medios estadounidenses.
Mientras la Casa Blanca celebra la liberación de cargas para la industria de combustibles fósiles, la comunidad científica y organismos internacionales expresan alarma. Agencias como EFE, AFP y DW han destacado que esta decisión deja a Estados Unidos como el único país desarrollado que renuncia activamente a los mecanismos legales internos para combatir la crisis climática, en un momento donde las alertas por alta contaminación se han disparado en varios estados.
La derogación implicaría la eliminación inmediata de los requisitos federales de emisiones para automóviles, abriendo un nuevo capítulo de litigios legales que podrían extenderse durante todo el mandato. Créditos y Fuentes: Con información de The New York Times (Lisa Friedman, Maxine Joselow), EFE, AFP, Reuters, DW, N+ Univisión y Telesur.