En un esfuerzo por saldar una deuda histórica y cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de la Ciudad de México ha iniciado el proceso para la creación de una nueva Ley de Autismo. El objetivo es claro: dejar atrás el modelo asistencialista y rehabilitador para dar paso a una legislación basada en la experiencia de vida y la autonomía.
Este lunes, el Instituto de las Personas con Discapacidad de la CDMX fue sede de la mesa de trabajo “Participación de Personas Autistas en la Agenda Legislativa”, un ejercicio de vinculación obligado tras la Acción de Inconstitucionalidad 38/121, que exige consultas reales y efectivas con la población involucrada antes de legislar.
️️ Realizan mesa de trabajo sobre la participación de personas autistas en la agenda legislativa.
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— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) February 9, 2026
Más allá del diagnóstico clínico
El diputado Víctor Gabriel Varela López (MORENA), presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, subrayó que el nuevo texto normativo no puede limitarse a una perspectiva médica. «Se analizarán todas las iniciativas presentadas para considerar todas las visiones en la reposición del procedimiento», aseguró, poniendo énfasis en escuchar directamente a quienes viven dentro del espectro.
Por su parte, la legisladora panista Lizzette Salgado Viramontes resumió el espíritu del encuentro: “No se trata de hablar por ustedes, sino que ustedes hablen y nosotros tomemos nota con responsabilidad. La experiencia de vida y la palabra directa deben guiar la agenda”.
Demandas urgentes: educación y empleo
Durante la sesión, las voces de la sociedad civil y familiares resonaron con exigencias concretas. La diputada Yolanda García Ortega (PVEM) recogió las inquietudes de madres y padres que enfrentan un sistema burocrático hostil, solicitando diagnósticos oportunos e inclusión real en programas de gobierno, no solo en papel.
Los temas críticos sobre la mesa incluyeron:
Capacidad Jurídica: Ruth Francisca López Gutiérrez, Directora General del Instituto de las Personas con Discapacidad, fue tajante al señalar que la capacidad legal de las personas con discapacidad «no debe ser sustituida ni anulada bajo discursos de protección o cuidado».
Con este proceso, el Legislativo local busca construir una norma que no solo sea constitucional, sino legítima ante los ojos de una comunidad que exige ser protagonista de sus propios derechos.
Redactado por: Oralia Galindo

