Bajo la consigna «No queremos FIFA, que baje la tarifa», cientos de ciudadanos volvieron a tomar las calles de Guadalajara este domingo para protestar contra el aumento en la tarifa del transporte público —que pasaría de 9.50 a 14 pesos— y la imposición de una tarjeta bancaria como único medio para acceder a una tarifa «preferencial».
La movilización, convocada por la Asamblea Popular contra el Tarifazo, partió de la Glorieta de La Minerva, donde el contingente dio dos vueltas simbólicas sumando a ciclistas y paseantes, antes de dirigirse a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus.
El rechazo a la «Visa Naranja» y los datos biométricos
Más allá del golpe al bolsillo, el eje central de la protesta fue la preocupación por la privacidad. Para acceder a la tarifa de 11 pesos (y evitar el cobro de 14), el gobierno estatal exige el uso de una tarjeta VISA operada por la financiera Broxel, la cual requiere la entrega de datos personales, geolocalización y biométricos.
Paulina Martínez, integrante de la Asamblea y del colectivo Mi Galería Jalisco, advirtió sobre el riesgo que esto implica, especialmente para niñas, niños y adolescentes: «Nos comparten que les preocupa mucho compartir sus datos personales y su biometría… el gobierno no está preparado para proteger adecuadamente contra ataques cibernéticos; fue muy fácil atacar al SAT y al IMSS», señaló.
Fin de semana de protestas y propuestas alternas La jornada dominical, que reunió a unos 400 asistentes entre familias, jubilados, colectivos de búsqueda y observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), fue el cierre de un fin de semana de activismo.
El sábado, otro grupo de manifestantes marchó del Parque Revolución al centro de la ciudad con una contrapropuesta técnica: la creación de una empresa estatal de transporte que opere unidades eléctricas y ecológicas con una tarifa fija de 5 pesos.
Javier Becerra, representante de la Promotoría Internacional de Derechos Humanos, explicó que esta propuesta, respaldada por empresarios dispuestos a facilitar unidades con paneles solares en comodato, será entregada formalmente este lunes en Casa Jalisco. «Se han gastado alrededor de dos mil millones de pesos en un subsidio totalmente inútil», criticó Becerra.
La vía legal y el «efecto Nuevo León»
La indignación crece ante el temor de que Jalisco replique el modelo de Nuevo León —también gobernado por Movimiento Ciudadano—, donde se perfilan tarifas de hasta 17 pesos.
Ante esto, Jesús Plascencia, consejero estatal de adultos mayores, informó que ya se han entregado más de 20 mil firmas al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y al INE para impulsar un referéndum que frene legalmente el «tarifazo».
Mientras los recursos legales como amparos colectivos y plebiscitos avanzan, los manifestantes advirtieron frente a Casa Jalisco que, de no haber diálogo, intensificarán las protestas contra lo que consideran una política recaudatoria que privilegia obras de «relumbrón» para el Mundial 2026 sobre la economía de las familias tapatías.